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Medio Ambiente resolverá este año la mitad de los 500 expedientes parados

La crisis impide tramitar más de 100 permisos para las empresas contaminantes

El Gobierno prevé tener resueltos para final de año la mitad de los más de 500 expedientes administrativos ambientales que estaban paralizados desde junio de 2009. La solución a este atasco, con el que se encontró la consejería de Medio Ambiente con el cambio de gobierno, ha sido una de sus actuaciones prioritarias en el inicio de la legislatura.

Esta parálisis afectó especialmente al nuevo permiso ambiental exigido por la Unión Europea para las empresas más contaminantes, la llamada Autorización Ambiental Integrada, con más de 300 licencias pendientes. Ahora, según los últimos datos, cerca de 80 empresas disponen de la autorización definitiva y para final de año se espera alcanzar las 150. Entre las otras 150 pendientes, hay más problemas ya que un número importante, según fuentes de la consejería, están en situaciones de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), "y ni siquiera pueden contratar a las consultoras para enviar la documentación. Un vez que puedan mandar los datos, se irán concediendo las autorizaciones".

La consejería se ha encontrado con licencias de rellenos pendientes de 1997

El Gobierno, tras una prórroga del plazo en 2008 (tenía que haber expirado en octubre de 2007), dio una autorización provisional a 209 empresas, a las que se fueron incorporando varias decenas más posteriormente. Pero ese permiso obligaba a la adopción de medidas correctoras en todas las empresas, con un plazo de entre 6 y 12 meses para cumplirlas. Con una aplicación rigurosa de la ley, se podrían cerrar empresas por carecer de la autorización definitiva.

La consejería que dirige Pilar Unzalu quiso aumentar el número de funcionarios para estas tareas, que no ha variado desde 2000 pese a que se han intensificado las directivas de la Unión Europea en materia medioambiental. En principio, el Gobierno estaba dispuesto a ello pero la crisis económica lo descartó y, para acelerar los trámites de permisos, se ha decidido simplificarlos y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Medio Ambiente quiere cambiar la mentalidad actual de que la Administración tenga que actuar con una función de tutela e implantar un modelo de corresponsabilidad entre empresas y gobierno.

Otro paquete importante de expedientes paralizados estaba en las licencias para rellenos, con expedientes pendientes desde 1997, según los responsables de la consejería. "Muchos de ellos son actuaciones que finalmente no se han realizado y han caducado. En otros casos hemos visto que estaban hechos y hemos comprobado cómo se han ejecutado. Estarán resueltos este verano".

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Medio Ambiente asegura que actualmente hay 120 expedientes en tramitación por rellenos, de los que la mayoría, cerca de 80, son de constructoras. En esta clase de permisos, la consejería se ha encontrado con que sólo había un funcionario para autorizar las obras, con lo que el efecto práctico era que las empresas realizaban sus depósitos de tierras y escombros sobrantes sin la autorización previa requerida.

El atasco administrativo ha provocado que los empresarios, que tienen que cumplir unos plazos para hacer las obras y necesitan la autorización de manera inmediata, no esperen a disponer de la autorización. Así, la costumbre ha sido la adjudicación de obras sin prever donde se depositarán los sobrantes.

Estos problemas provocaron la queja de las empresas y la patronal Confebask comunicó al lehendakari Patxi López, en la primera reunión tras acceder al cargo en mayo de 2009, que este bloqueo administrativo era una de sus mayores inquietudes. Ante ello, la consejera de Medio Ambiente puso en marcha un plan de choque.

Un camión descarga tierras en un relleno de una obra en un municipio de Vizcaya.
Un camión descarga tierras en un relleno de una obra en un municipio de Vizcaya.SANTOS CIRILO

Litigios judiciales

El endurecimiento de las medidas que se deben adoptar con las llamadas Autorizaciones Ambientales Integradas ha llevado a que se judicialice. El Gobierno ha visto cómo cerca de 30 empresas han interpuesto denuncias en los juzgados al entender que la normativa no les es aplicable en distintos aspectos. Algunas, como las del sector cementero, entienden que no les incumbe en lo relativo a las emisiones.

Pero, según señalan los responsables del Departamento de Medio Ambiente, en más de una quincena de casos se ha logrado que desistan de las demandas "y estamos acercando posturas". Hasta ahora, según los datos de la consejería, solamente se han producido dos sentencias, en ambos casos favorables al Gobierno.

La Autorización Ambiental Integrada establece niveles máximos para distintos índices de contaminación (hasta ahora se integraban todos) en cada fábrica según su situación y su sistema productivo. Reúne en una sola todas las autorizaciones que persistían anteriormente, dispersadas entre las diferentes administraciones. Únicamente la licencia de actividad, el último permiso, sigue en manos de los ayuntamientos.

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