Un partido de juzgado de guardia

El PP de la Comunidad Valenciana, que dirige Francisco Camps, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La reciente imputación del presidente del PP de Alicante y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a los funcionarios ha terminado por convertir los problemas con la justicia en el elemento que unifica al PP de la Comunidad Valenciana.

Todo un quebradero de cabeza para el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que tiene a los principales dirigentes del partido en esta autonomía implicados en distintos sumarios judiciales por corrupción. Algunos de ellos tan adelantados, que es muy probable que el próximo otoño varios altos cargos del PP valenciano se sienten en el banquillo de los acusados en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.

El último imputado, Ripoll, es un enemigo declarado del presidente

Los populares siguen con amplias mayorías en toda la comunidad

La lista de notables con problemas judiciales la encabeza el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados -y valorados en varios miles de euros- de la trama corrupta Gürtel. Camps está imputado en la misma causa junto al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Todos ellos por haber recibido ropa regalada por Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market y representante de la trama corrupta en Valencia.

Una lista a la que, presumiblemente, se añadirán otros nombres de cargos aforados del entorno de Camps tras la decisión del magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, de inhibirse en la mayor parte de las cuestiones del caso Gürtel que afectan a la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de hasta siete delitos, incluida la financiación irregular y el delito electoral, en el auto de inhibición a favor del TSJ de Valencia, donde menciona los nombres del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; del vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra, y de la tesorera del partido, Yolanda García, entre otros.

La lista de imputados la completa el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, que lleva en esa situación desde diciembre de 2003 y que está a punto de sentarse en el banquillo como autor de varios supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Un Carlos Fabra que tiene entre su gente de confianza a otro imputado, el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, pendiente de que se fije la fecha para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación medioambiental por el que la fiscalía solicita siete años de prisión.

Este elevado número de altos cargos imputados en casos de corrupción, en un partido que gobierna con amplias mayorías absolutas las principales instituciones valencianas desde hace 15 años, es lo que ha llevado a Camps a convencerse de que existe "una causa general" contra el PP en la Comunidad Valenciana orquestada por el Gobierno socialista.

Sin embargo, las causas judiciales que han derivado en las distintas imputaciones a políticos del PP tienen su origen en hechos y momentos diferentes. La imputación de Fabra parte de una denuncia en 2003 del empresario Vicente Vilar, que era amigo personal del presidente del PP de Castellón. La detención de Ripoll tiene su origen en las grabaciones incautadas, tras las elecciones de 2007, a Ángel Fenoll, un empresario vinculado al PP y dedicado a la recogida y tratamiento de las basuras en la comarca de la Vega Baja.

Mientras que la imputación a Camps y a su círculo de confianza en el Gobierno valenciano y en la dirección regional parte de la abundante documentación incautada durante las pesquisas del caso Gürtel, que se inician a partir de la denuncia de un concejal popular de Madrid y que ponen al descubierto los numerosos negocios que realizó Orange Market y otras empresas de la trama, a partir de 2005, con la Generalitat y el PP valenciano.