Arranca la negociación del recorte salarial en Metro sin acercar posturas

Cuarto día de huelga de Metro. Los trenes volvieron ayer a salir después de dos jornadas de paros totales. Eran solo la mitad, pero por fin funcionaban. Con el metro en marcha, empresa y trabajadores se sentaron ayer a negociar por primera vez desde que empezó el conflicto. Las dos partes se sentaron a hablar, pero sin llegar a acuerdo. Hoy volverán a salir solo el 50% de los trenes. Para el fin de semana, los trabajadores han prometido un respiro. El lunes, con servicio total, decidirán en asamblea si prosiguen los paros.

Para entonces, el comité de huelga necesita una propuesta que presentar a la plantilla y de la que ayer no se perfiló nada. Los sindicatos quieren que se respete su convenio colectivo. Argumentan que tiene rango de ley y que nadie puede vulnerarlo. Lo reconoce la presidenta Esperanza Aguirre, que ayer, tras el Consejo de Gobierno, les dio la razón: "Cuando dicen que la Comunidad de Madrid ha roto el convenio colectivo, tienen razón". Eso sí, justificó esa decisión en la crisis, en el decreto de Zapatero y en lo que consideró una injusticia: "¿Podríamos haber excluido a Metro de los recortes? Sí, pero no nos parecía justo. Empleados públicos, que tienen el salario en su mayor parte pagado por el contribuyente y que tienen el puesto de trabajo absolutamente garantizado, creo que no pueden ser excepción". La presidenta llegó a amenazar con pedir daños y perjuicios a los sindicatos. Habló de "reclamación de cantidad por la vía civil".

La ley regional de recortes recién aprobada permite a Metro -y solo a esta empresa- que negocie con los trabajadores de dónde recortar el 5% en gastos de personal -la misma rebaja que el resto de empleados públicos-. Serían ocho millones de ahorro para lo que resta de 2010. Se pueden detraer de distintas partidas del capítulo de personal, como formación y prejubilaciones. Metro insiste de momento en reducir sueldos, pero sí está dispuesta a rebajarlos menos que al resto de los trabajadores públicos. La Comunidad llegó a barajar un 1,5% de reducción salarial antes de los paros. Para los sindicatos, los sueldos son intocables.

Aguirre recibió ayer otro respaldo inesperado del Gobierno central. José Luis Rodríguez Zapatero instó a los trabajadores de Metro a cumplir los servicios mínimos "porque junto al derecho de huelga están los derechos de los ciudadanos, que deben tener el mismo rango de protección". También pidió un esfuerzo a Aguirre para cerrar el conflicto.

Pero la presidenta está poniendo ahínco más bien en lo contrario, al menos en el frente de la comunicación. Ayer tuvo palabras duras para los huelguistas -"sería injusto tratar mejor a quienes tienen más capacidad para chantajear"- y recordó que ha encargado a la Consejería de Sanidad que investigue el incremento "brutal" de las bajas de los trabajadores de Metro. El miércoles hubo 490, cuando lo habitual son 350, según sus datos. Metro tiene 7.600 empleados.

El método de Sanidad para cumplir el encargo ha resultado controvertido. La Consejería ha dado instrucciones para que los médicos le notifiquen las bajas. Varios facultativos aseguran que les han preguntado si habían dado alguna. Algo que, según Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Complutense, no cuadra del todo con la legislación. "El médico no tiene el deber ni de dar copia de la baja médica a la empresa ni de comunicarla directamente a la empresa. Por tanto, ante la presión de la Consejería, puede negarse a dar esta información", explica. La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) considera que "es un error de la Consejería atribuirse una competencia que no le corresponde", según su presidente, Paulino Cubero. "No puede llamar y preguntar si se han dado bajas a determinado colectivo porque entra dentro de la reserva profesional".

Sanidad aseguró que con esta medida están comprobando si puede haber "algún problema de salud pública" y "controlando si se hace un buen uso de las bajas". "Si quisiéramos escondernos detrás de una baja sanitaria, habría más de 2.000 enfermos, y no 140", señaló Manuel Fernández, miembro del comité por Solidaridad Obrera. Los trabajadores que se han saltado los servicios mínimos empezaron ayer a recibir los 400 expedientes (disponen de 72 horas para justificar por qué no acudieron a su puesto de trabajo), cuya tramitación es otra de las claves de la negociación. Los sindicatos amenazaron con retomar los paros totales si prosperan unos expedientes que pueden acarrear el despido.

La jornada comenzó con una nueva denuncia de la Comunidad, que acusó a los trabajadores de "sabotear" seis trenes de la línea 1 con el bloqueo "con algún objeto" del mecanismo que controla la apertura de puertas. Los sindicatos atribuyeron el fallo a problemas de mantenimiento y aseguraron que los últimos sabotajes denunciados en 2007 están "todos archivados".

Durante la reunión con Metro, que duró apenas una hora, los sindicatos pidieron nuevos servicios mínimos "menos abusivos". Tampoco ahí hubo un avance significativo. Directivos y trabajadores volverán reunirse hoy.