Una trama de espionaje al Gobierno vasco salpica al PNV

Un juzgado de Bilbao y la policía vasca tratan de estrechar el cerco y dar con todos los implicados en la presunta trama de espionaje político a altos cargos del Gobierno vasco que preside el socialista Patxi López. Todos los indicios apuntan a que antes de llegar el PSE al poder en Euskadi varios ordenadores de la SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial), dependiente del Departamento de Industria, fueron pirateados para acceder fraudulentamente al contenido de los correos electrónicos de los responsables de la mencionada compañía pública. El principal sospechoso en este caso es Antton Zubiaurre, militante del PNV y ex director general de Sprilur (la empresa pública que gestiona suelos industriales) entre 1999 y 2007, cuando Juan José Ibarretxe estaba al frente del Ejecutivo autónomo.

La red pirateó ordenadores de altos directivos de Industria

La Ertzaintza lleva desde el miércoles realizando una exhaustiva revisión de los ordenadores y despachos de la SPRI, donde ha encontrado deficiencias en la seguridad. El rastreo de las oficinas de la SPRI en Bilbao -un edificio de la Plaza Bizkaia donde se encuentran otros organismos públicos dependientes del Ejecutivo- tenía la finalidad de comprobar si habían sido instalados programas informáticos espía u aparatos de escucha en la sede.

Fuentes próximas a la investigación aseguraron que la operación policial se ha centrado inicialmente en los despachos de los principales directivos y de otros empleados. Durante el minucioso rastreo, los agentes han verificado que es relativamente fácil acceder a documentación de la sociedad pública -maneja datos delicados sobre compras de terrenos industriales o planes previstos de adquisición-, al no estar guardada convenientemente, y que es sencillo llegar hasta los despachos de los principales cargos de la compañía. La policía tiene aún pendiente escanear todos los ordenadores, una tarea que se realizará en presencia de cada uno de los usuarios de las terminales.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que este registro de la Ertzaintza, realizado a petición de la SPRI, es "una pieza separada" de las diligencias judiciales que siguen abiertas. La juez ordenó el pasado viernes la detención de Zubiaurre, ex alcalde de Mendaro por el PNV entre 1991 y 1999, y de su chófer personal cuando dirigió Sprilur, I. U., que ahora trabaja como comercial en la SPRI. Ambos quedaron en libertad con cargos, después de acogerse a su derecho a no declarar. El sumario sigue secreto.

Como ya informó este diario, el presunto espionaje se centró en el director técnico de Sprilur, Pedro García, quien maneja la principal información de esta sociedad. También se accedió al ordenador de su superior, el director de Sprilur, Manu Iturrate, y al equipo del director general de la SPRI, Tomás Orbea.

Las sospechas surgieron en el seno de la propia SPRI a principios de este año, al sucederse diversos fallos en los ordenadores de algunos de sus empleados. Al principio, se pensó que podría tratarse de algún virus, pero, al persistir los problemas, pudo comprobarse que alguien estaba accediendo a la información de los terminales. En marzo, responsables de la sociedad de Industria presentaron una denuncia ante la Ertzaintza.

El Gobierno autónomo tiene la sospecha de que puede haber otras personas implicadas en este asunto, además de Zubiaurre y su ex chófer. No descarta que en esta presunta trama de espionaje exista una intencionalidad política, puesto que uno de los ordenadores espiados era el de Orbea, quien mantiene un contacto directo por correo electrónico con el titular del departamento, Bernabé Unda.

La detención de Zubiaurre, durante muchos años en cargos públicos por el PNV, alimenta también esa misma tesis. Este caso vuelve a empañar la imagen del partido presidido por Iñigo Urkullu, que en estos momentos está envuelto en otros escándalos como la trama de comisiones ilegales del caso De Miguel en Álava, las irregularidades en la contratación de servicios en Osakidetza entre 1996 y 2008 del caso Margüello, o el fraude fiscal del caso Glass, en el que está imputado el ex senador peneuvista Víctor Bravo.