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El Gobierno no descarta interponer una querella en el 'caso Margüello'

Idoia Mendia niega la "persecución política" que denuncia el doctor implicado

El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de interponer en cualquier momento del proceso una querella contra las personas implicadas en el caso Margüello. Así lo explicó la consejera de Justicia, Idoia Mendia, a la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la contratación de servicios en Osakidetza entre 1996 y 2008.

Mendia dio cuenta ayer a los encargados de la investigación sobre la situación en que se encuentra el único expediente administrativo que el Gobierno ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en torno a estas irregularidades. El TSJPV está a la espera de que la Fiscalía General del Estado estudie el expediente.

Una vez sea remitido a Vitoria, se asignará un fiscal para que decida si se archiva o se admite a trámite. El expediente versa sobre las irregularidades detectadas en la autorización de funcionamiento de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI -vinculada a José Carlos Margüello- en 2006 por parte de la Dirección Territorial de Vizcaya. Esta fue declarada nula de pleno derecho en marzo por la Comisión Jurídica Asesora.

Sanidad sacará a concurso en julio el servicio prestado por Medical Dom

El médico comparecerá en el Parlamento en septiembre

La consejera negó que haya habido una "persecución política", sino la consecución del deber de informar sobre los hechos. Mendia aseguró en el seno de la comisión que "no ha habido indefensión alguna" en el procedimiento seguido por la Administración. Y es que el ex director de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, ha pedido amparo al ararteko porque no se le ha concedido el trámite de audiencia. La consejera recordó a los parlamentarios que ni el Departamento de Sanidad ni la Comisión Jurídica Asesora (Cojua) tengan que concedérselo porque se trata de un procedimiento administrativo que carece de estos trámites.

Entretanto, el Departamento de Sanidad sigue dando pasos para evitar irregularidades como las del caso Margüello, que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha corroborado en un informe todavía provisional. Así, el próximo 9 de julio se sacará a concurso el servicio de asistencia médica urgente a domicilio. Hasta ahora, una de las empresas vinculadas a José Carlos Margüello, la que más dinero ha obtenido en contratos con Sanidad, Medical Dom, ha venido ofreciendo el servicio en las tres provincias con prórrogas y aumentos de tarifas injustificados, según Sanidad y el TVCP. Según ha podido saber EL PAÍS, hay varias empresas, tanto de Euskadi como de otras comunidades, interesadas en ofrecer el servicio.

Hasta el momento del concurso, Medical Dom ha logrado una prórroga para que la atención domiciliaria urgente se siga prestando. Al contrario que en anteriores ocasiones, esta vez se han agrupado los concursos, que hasta ahora se gestionaban en las direcciones territoriales, de manera que se realizará uno desde el propio departamento dividido en varios lotes.

Mientras el departamento sanea los contratos, la comisión de investigación sigue ampliando su trabajo. A una lista voluminosa de comparecientes -37- se han incorporado nuevos nombres, llegando hasta los 42. Así pasarán por el Parlamento el alcalde de Bilbao y ex consejero de Sanidad Iñaki Azkuna, el ex director de Régimen Jurídico, Económico y de Servicios Generales del departamento, Fernando Toña, y el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, cuando el tribunal remita su informe -un documento que "puede ser clave" según la presidenta de la comisión, Laura Garrido-.

Garrido compareció ante los medios ayer para explicar el desarrollo de la investigación. La parlamentaria del PP indicó que los documentos solicitados a la consejería de Sanidad han pasado de 57 a 71. Hasta el momento, el departamento ha remitido a la Cámara 25 de ellos. Bajo la atenta mirada de las dos parlamentarias del PNV en la comisión, Nerea Antia y Eider Mendoza, la presidenta aseguró que avanzan al "ritmo previsto" y que las comparecencias de la comisión finalizarán antes de fin de año. La de Margüello tendrá lugar previsiblemente en septiembre mientras que la asistencia de Azkuna y del resto de inspectores podrían ser en otoño.

El copago, a expensas de un debate nacional

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, abordó ayer con cautela el debate sobre el copago supeditando una decisión en Euskadi en este sentido a un debate más amplio a nivel nacional. El máximo responsable de la sanidad vasca retomó la posibilidad de implantar que algunos de los pensionistas se costeen parte de las prescripciones médicas y cifró en un 4% de los jubilados -ninguno paga las recetas- que tienen ingresos superiores a los 2.000 euros mensuales.

Bengoa comparó la situación de estos con la de los trabajadores que cobran el salario mínimo, ya que en este grupo pagan las recetas médicas, al contrario que los primeros. Por ello, abogó por reflexionar en torno a esta cuestión, pero recordó que es una medida que no se llevará a cabo a corto plazo, ya que no se encuentra entre las iniciativas de ajuste presentadas por el propio consejero a principios de junio.

En una comparecencia ante la comisión de Sanidad en la Cámara vasca, Bengoa volvió a defender el uso de medicamentos genéricos, después de que anunciara en junio que obligará a los médicos de Atención Primaria a prescribirlos en el caso de cuatro sustancias -Atorvastina, Clopidrogel, Risedronato Semanal y Losartán-Hidroclorotiazida-. Si los facultativos siguen queriendo recetar fármacos de marca, deben presentar un escrito al departamento.

La decisión hizo que Farmaindustria amenazara con acudir a los tribunales -dio un plazo de diez días para corregir la medida a Sanidad y ya ha expirado-, pero ambas partes siguen dialogando para encontrar una solución.

A pesar de las presiones de la industria farmacéutica, el consejero defendió que la medida, que lleva en marcha varias semanas, se enmarca en la legalidad y recordó que prescribiendo estos cuatro medicamentos por el principio activo en Euskadi se ahorrarán en 2010 seis millones de euros. Así, criticó a los profesionales que hacen uso de "circunloquios para generar dudas sobre la calidad" de los genéricos y defendió que las diferentes administraciones e incluso la legislación abogan por un mayor uso de los fármacos genéricos.

Las nuevas cifras

- 42 comparecientes pasarán por la comisión que investiga las irregularidades en el Parlamento, entre los más recientes Iñaki Azkuna, el inspector médico de la Dirección Territorial de Vizcaya y el ex director de Régimen Jurídico de la consejería, Fernando Toña.

- 71 documentos han sido solicitados al Departamento de Sanidad. De ellos, 25 ya han sido remitidos a la comisión de investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de julio de 2010

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