Bruselas quiere que la deuda privada cuente en las sanciones por déficit

La Comisión Europea propondrá este miércoles que el nivel de endeudamiento privado se tenga en cuenta en el procedimiento sancionador que el Ejecutivo comunitario abre contra los países que han incurrido en un déficit excesivo, según han informado fuentes europeas. Bruselas incluirá esta idea en la propuesta que presentará esta semana para endurecer la vigilancia presupuestaria en la UE, reclamada con insistencia por países como Alemania para evitar otra crisis de deuda como la griega.

La legislación europea fija en el 60% del producto interior bruto (PIB) el nivel máximo de deuda pública en el que pueden incurrir los Gobiernos, pero este factor no es vinculante a la hora de abrir un procedimiento o sancionar a un país. Bruselas desea aprovechar la concienciación que ha originado la crisis del euro para incluirlo como un elemento decisivo, junto al nivel máximo de déficit, establecido en el 3% del PIB.

Perjudicial para España

La deuda privada no sería un componente vinculante a la hora de sancionar, pero sí sería tenida en cuenta, según fuentes comunitarias. Esto afectaría negativamente a países como España, con una deuda privada (hogares y empresas) 61 puntos porcentuales superior a la media europea.

Los líderes europeos ya respaldaron la posibilidad de dar "un papel mucho más destacado a los niveles de deuda" en el proceso de vigilancia presupuestaria. Sin embargo, el grupo de trabajo que lidera el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, excluye hasta ahora poner en marcha un procedimiento para la "deuda excesiva" y prefiere la opción de "iniciar el procedimiento de déficit excesivo más pronto para los países que no reduzcan la deuda con suficiente rapidez".

Por otro lado, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, también abordará el miércoles el endurecimiento de las sanciones. La Comisión descarta castigos políticos, como la retirada del derecho de voto a los países que violen la disciplina presupuestaria de forma recurrente, posibilidad que defiende Alemania, pero que requeriría una reforma del Tratado de Lisboa. Bruselas, que descarta esta reforma, prefiere castigos basados en la suspensión de ciertas ayudas a los reincidentes.