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LA COLUMNA

El honor de la política

Sin duda, los políticos tienen parte importante de culpa en su descrédito. Sin embargo, el actual estado de opinión contra la política tiene su historia. Hay que situarlo dentro del proceso de construcción de una hegemonía conservadora que iniciaron Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los ochenta, que triunfó rápidamente y sigue vigente hoy. Reagan y Thatcher levantaron dos banderas: contra el Estado y contra lo social. (No olvidemos el célebre lema de la primera ministra británica: la sociedad no existe, solo existen los individuos). Los objetivos eran privatización general y triunfo del individualismo asocial. Desde los propios Gobiernos se presentaba al Estado como estorbo: fuera barreras, vía libre a la expansión descontrolada cuya culminación ha sido el caos de la crisis. En este proceso, lo público ha estado siempre bajo sospecha, y como consecuencia el político se ha ido convirtiendo en el chivo expiatorio. Y la mecha ideológica ha prendido.

Algunos jueces se descubrieron una pasión justiciera, siempre con los políticos en el punto de mira. Los medios de comunicación dan por supuesto que el político es sospechoso. Se podría decir que es el único grupo institucional frente al que se parte de la presunción de culpabilidad. En los escándalos de corrupción, el punto de mira está puesto en los políticos, olvidando algo fundamental: que no hay corrupto sin corruptor. En paralelo a esta extensión de la sospecha sobre los políticos, se celebraban los comportamientos cada vez más laxos de los poderes económicos, como si el sacrificio del político fuera el ritual compensatorio del principio "todo está permitido" que rige al mundo del dinero.

Una consecuencia de este clima es que cada vez hay menos gente con sentido de la responsabilidad y talento que quiera entrar en política. Nadie quiere verse en riesgo de ser señalado públicamente como un delincuente, simplemente porque este juego funciona así. Los mismos medios que no reparan gastos en la satanización de los políticos se quejan de la pérdida creciente de calidad de la política. Convirtiendo al político en el culpable de casi todo, han contribuido a ello eficazmente.

Ciertamente, los políticos han colaborado con contumacia para llegar a este estado de la cosa pública. En el juego entre el amigo y el enemigo en que se convierte toda querella política vale todo. Sin querer darse cuenta de que se están perjudicando ellos mismos. El partido que monta una comisión de investigación sabiendo perfectamente que de ella no saldrá nada relevante, salvo salpicar de sospechas al adversario, debería calcular que la operación fácilmente se puede volver en su contra. El partido que, por efecto de acción-reacción, trata de ensuciar al adversario sabiendo que no es culpable de nada debería calcular que en cualquier momento puede ser pagado por la misma moneda.

En Cataluña, estos últimos días, en torno a una pieza separada del caso Millet, el hotel del Palau, se han dado todas estas malas prácticas juntas, llegando a tal confusión que hubo un momento que parecía que Millet y Montull fueran simples comparsas de un caso político. Estos han sido los ingredientes: el exceso de celo, si se me permite el eufemismo, de un fiscal en pleno impulso justiciero. Una prensa, impregnada del discurso antipolítico de moda, que busca siempre los argumentos que culpabilizaban a los políticos y minimiza las razones de estos, dando por supuesto que tienen truco. Y una clase política que se ha metido, a través de una comisión de investigación perfectamente prescindible, en un miserable juego de acusaciones y contraacusaciones que ensucia a todos. Afortunadamente, el conseller Castells ha sabido convertir un trance tremendamente injusto en una requisitoria contra estas malas maneras de hacer las cosas y en favor de la decencia política.

La defensa de la política se está convirtiendo en una urgencia. Cada paso más en su descrédito es un triunfo del poder económico en su intento de controlarlo todo. Sin política, es la inmensa mayoría de la ciudadanía la que queda al pairo. Por eso, creo que tenemos que exigirnos y exigir a todos los sectores implicados -política, justicia y medios de comunicación- mayor ecuanimidad en el juicio crítico. No hay nada que favorezca más a los corruptos que la sospecha generalizada. Si se tira indiscriminadamente contra todos -corruptos y no corruptos-, es evidente que los que salen beneficiados son los corruptos y los corruptores. Hay que defender el honor de la política y de los políticos responsables, que son muchos, precisamente para que no queden impunes los políticos corruptos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de junio de 2010