Un juez investiga una trama de espionaje a altos cargos del Departamento de Industria

Un juzgado de Bilbao investiga desde hace meses una red que supuestamente espiaba a altos cargos del Departamento de Industria a través del acceso fraudulento a ordenadores de la sede en la capital vizcaína de la SPRI, la principal sociedad pública de Industria dedicada al apoyo a las empresas vascas, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes próximas al caso. La Ertzaintza detuvo en la mañana de ayer en Mendaro, donde reside, a Antton Zubiaurre, director entre 1999 y 2007, bajo gobiernos de Juan José Ibarretxe, de Sprilur, la sociedad dependiente de la SPRI y dedicada a la gestión de suelos industriales. Zubiaurre ha sido imputado por su relación con la trama, según confirmaron fuentes policiales.

Tras llegar el PSE al Ejecutivo, en la SPRI hubo cierta resistencia al cambio

La investigación se extiende a más personas, algunas ligadas al PNV

Zubiaurre, militante del PNV, partido por el que fue alcalde de Mendaro entre 1991 y 1999, pasó a disposición judicial por la tarde para que declarase ante el titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.

También ha sido imputado en el caso un funcionario de la SPRI, quien actualmente trabajaba como comercial y que anteriormente fue el chófer personal de Zubiaurre. Este empleado acudió ayer voluntariamente a los juzgados de Bilbao al enterarse de que la Ertzaintza le buscaba para detenerle.

Las fuentes consultadas señalaron que están siendo investigadas más personas, algunas de ellas vinculadas al PNV. Zubiaurre saltó a la luz pública hace cinco años por el litigio judicial entre el Athletic y la Real Sociedad a cuenta del fichaje de su hijo, el futbolista Iban Zubiaurre.

Los miembos de la trama habían conseguido supuestamente piratear los ordenadores de altos cargos que trabajan de la sede de la SPRI en Bilbao, el edificio de la Plaza Bizkaia en el que se ubican varios organismos públicos dependientes del Ejecutivo. De esta forma podían espiar su trabajo y, especialmente, sus correos electrónicos.

La vigilancia ilegal se realizaba desde fuera de la sede de la SPRI, ya que, según la investigación, los ordenadores se manipularon supuestamente con el objetivo del espionaje antes de la llegada el año pasado del nuevo equipo socialista.

Las sospechas surgieron en el seno de la propia SPRI a principios de este año, al sucederse fallos en los ordenadores de algunos de sus empleados.

Al principio, se pensó que podría tratarse de algún virus pero, al persistir los problemas, se comprobó que alguien estaba accediendo a la información de los terminales informáticas.

Hacia marzo, responsables de la sociedad presentaron una denuncia ante la Ertzaintza en lo que se consideraba un caso de espionaje político, al tener acceso los presuntos responsables de la trama a las gestiones cotidianas de directivos de la SPRI. Entre los implicados, además de personas sin ninguna relación presente con la sociedad pública dependiente de Industria, se hallarían también empleados actuales. Según los datos iniciales, no existe una componente económica en este caso.

Este escándalo es el segundo que afecta al PNV en apenas tres meses tras el estallido del caso De Miguel, destapado el pasado 17 de marzo. Un total de 13 personas, entre ellos el ex diputado foral y número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, junto a otros cargos y militantes peneuvistas, están imputados en esta supuesta trama de corrupción y cohecho.

Ambos casos solo coinciden en que afectan en parte al Departamento de Industria por los supuestos cobros de comisiones por la trama del caso De Miguel en las obras de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, que fue el punto de partida de la investigación judicial.

El presunto espionaje en la SPRI no tiene precedentes conocidos en el País Vasco. El único antecedente relevante fueron las escuchas telefónicas a Carlos Garaikoetxea en agosto de 1986, en plena crisis interna del PNV, que desembocó en la creación por el entonces lehendakari de Eusko Alkartasuna. Varios ertzainas penetraron en la central de teléfonos de Zarautz con una orden judicial para intervenir las comunicaciones de supuestos narcotraficantes. Al tiempo, trataron de conectar el teléfono de Garaikoetxea al de un piso donde colocaron una grabadora. La grabación no funcionó al dar uno de los agentes un número distinto al del piso donde se iba a colocar este aparato.