Una sociedad con información muy delicada

El nuevo Gobierno socialista se enfrentó con la SPRI nada más llegar al poder. Necesitó casi cuatro meses para encauzar y realizar la primera reordenación de una maquinaria puesta al servicio de la política industrial del último Gobierno de Ibarretxe. El año 2006 había supuesto un cambio en su crecimiento como mano ejecutora de la misma, hasta el punto de que el propio Departamento de Industria era casi un instrumento al servicio de la SPRI.

La consejería le traspasó las funciones relacionadas con la gestión de las convocatorias públicas de subvenciones, producción, análisis y gestión de las ayudas económicas a pymes, y empezó a gestionar el convenio anual con las entidades financieras. De la firma dependían 29 sociedades públicas y solo ella empleaba a unas 150 personas. Los grupos de la oposición habían criticado muchas veces que la SPRI "escapaba al control público".

Tras la llegada de los socialistas al Ejecutivo, en la SPRI se produjeron ciertas resistencias a los cambios. El consejero de Industria, Bernabé Unda, sostuvo en noviembre de 2009 que "la función de la SPRI debe de estar en absoluta consonancia con los departamentos de Industria y de Hacienda". No quería "reinos de taifas", en palabras de miembros del propio departamento, sino una maquinaria engrasada y trabajando en una sola dirección frente a la crisis.

La SPRI nació para acometer la promoción de empresas industriales y reconvertirlas después si era preciso. Para esa función se adaptó la agencia de capital-riesgo, y después, en 1995, se creó Sprilur, para la localización y compra de terrenos industrailes. Antton Zubiaurre dirigió la Sprilur, una sociedad que en estos 15 años ha invertido casi 500 millones de euros, entre 1999 y finales del año 2007, con gobiernos de Ibarretxe.

La sociedad, que tiene un capital social de 138,1 millones y está participada al 89,42% por la SPRI y el resto por el propio Gobierno, atesora en sus archivos información muy delicada sobre planes urbanísticos de instituciones públicas, propiedades de diputaciones y del Ejecutivo que podría ser aprovechada para alterar el precio de las cosas.