Imputados el edil de Seguridad y el jefe de policía de Galapagar

El concejal de Seguridad y Protección Civil de Galapagar (31.800 habitantes), Pedro Hernández Ramos (PP), y el jefe de la Policía Local de este municipio, Jesús Sánchez Gómez, tendrán que declarar en los próximos 15 días en los juzgados de Collado Villalba. Dos mandos policiales, una sargento y una cabo, les han denunciado por cinco delitos y la juez ha abierto diligencias previas, ya que ha visto indicios razonables de que los hayan podido cometer. Las dos mujeres, que se encuentran de baja y en tratamiento psicológico por acoso laboral, les acusan de un delito continuado de prevaricación, falsificación de certificado, un delito continuado contra la integridad moral, amenazas y coacciones.

Las denunciantes afirman que los imputados quitaron multas a locales

Según consta en la denuncia, el concejal de Seguridad retiró de forma unilateral a la sargento María Dolores Aznar López de su puesto de máxima responsable del cuerpo y contrató en comisión de servicios a un suboficial de San Sebastián de los Reyes, Jesús Sánchez Gómez. También quitó de su puesto en la dirección a la cabo Nuria Fernández Barquilla, que es la que tiene más antigüedad. El edil, según las denunciantes, empezó a asignar el turno de noche y a favorecer a determinados agentes, a los que liberó de patrullar y hacer determinados servicios.

La sargento y la cabo le acusan también de quitar denuncias de tráfico a sus amigos, entre los que se encuentran personas de gran influencia dentro del municipio y con gran poder en el partido. "El denunciante [Pedro Hernández] comenzó a dirigirse a mí como la tía pegas. He sufrido toda una serie de acciones encaminadas a minar mi autoestima como profesional y a apartarme del servicio, dado que soy una pieza molesta para el señor concejal y no me rindo a sus ilícitos profesionales", afirma Dolores Aznar en la denuncia. La mujer se queja de que el concejal no despachaba con ella, desautorizaba sus órdenes directas y pagaba cantidades desiguales a compañeros en la misma situación.

El jefe de policía tampoco se libra de las acusaciones. Ambas mandos aseguran que ordenaba a los policías que no hicieran inspecciones de aforo y de control de ruido a determinados locales. De hecho, puso una nota en el tablón de anuncios de la sede policial para que fuera leído en las reuniones previas al servicio. También le acusan, junto al concejal, de no tramitar expedientes a cinco bares de copas de la localidad. Algunos de ellos están supuestamente vinculados a personas del PP. "Una de las denuncias a un local la tramitó el jefe de policía junto con un informe suyo en el que desautoriza a los agentes y solicita el archivo de la denuncia, conducta del todo prevaricadora y reprobable", recoge el escrito.

Uno de los funcionarios que ha sido favorecido por los dos imputados, el cabo C. M. E, tan solo fue sancionado con dos días de suspensión de empleo -lo que corresponde a una falta leve- pese a haber cometido una falta grave al haber perdido el arma reglamentaria, tras dejarla encima de la taquilla. El arma todavía no ha sido recuperada.

El propio Jesús Sánchez también ha redactado las bases para la plaza de oficial jefe y las ha presentado en la academia de Policía, según la denuncia, pese a que todavía no ha sido aprobada la relación de puestos de trabajo de 2010 y que esa redacción le corresponde al área de Personal. También acusó a las denunciantes de estar detrás, junto a la administrativa M. Y. P., de unos anónimos redactados contra él. La denuncia fue archivada al día siguiente en el Juzgado número 1 de Collado Villalba.

Una de las agentes también sufre el acoso, según ambas mandos, de los responsables policiales. Se trata de M. C. M. J., a la que un día quitaron el coche patrulla, la obligan a hacer vigilancias en un parque sin apenas tránsito, la critican en público, la ridiculizan y reparten el trabajo en las reuniones sin tenerla en cuenta. "La persiguen y la controlan en todas las intervenciones que realiza, anulando y ridiculizando sus actuaciones", afirman las dos mandos.

Ambas denunciantes pidieron la semana pasada la suspensión cautelar del jefe de la Policía Local ante los graves hechos de los que se le acusa.

El Ayuntamiento no ha querido entrar al detalle de la denuncia. Ha emitido un comunicado en el que mantiene que hay una campaña de acoso y desprestigio. "Se lanza una campaña de mentiras y falsas denuncias en venganza por reorganizaciones internas que no fueron a gusto de algunos. Desde el equipo de gobierno se lamenta esta serie de actitudes que no hacen sino ensuciar la imagen del cuerpo de la Policía Local, al mismo tiempo que confía en que pronto los tribunales darán la razón al Ayuntamiento de Galapagar", concluye el comunicado.