"Hacer antes la reforma podría haber contenido parte de la destrucción de empleo"

El verano de Celestino Corbacho se presenta muy ocupado. De no evitarlo un cambio de Gobierno, el ministro de Trabajo tendrá que pulir en el Congreso la reforma laboral aprobada el miércoles y darle un empujón a la de las pensiones. Entretanto, Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) se afana en explicar la anhelada reforma laboral. "No es para crear empleo, es para evitar que se destruya empleo", resume sereno en su despacho, pese a la tensión que acumula de los últimos días de negociación. Corbacho rehúsa vaticinar si se llegará a los cinco millones de parados. Ha aprendido que este tipo de pronósticos hacen a los políticos prisioneros de las hemerotecas. No falta quien le recuerda aún que negó que España fuera a llegar a los cuatro millones de parados.

"La presión de los mercados ha influido menos de lo que parece"

"Una tasa media de temporalidad del 25% se acercaría a la economía real"

"Las reformas que se plantean en Europa favorecen más a CEOE"

"Nuestra economía siempre tendrá que tener una temporalidad más alta que la de otros países europeos, porque el efecto estacional es mayor (sector turístico, construcción...)"

"Un Gobierno socialista no tiene que perder las señas de identidad en el país donde gobierna y tiene que contribuir a que la deriva en Europa sea menos conservadora"

Pregunta. En seis meses, el Gobierno ha pasado de considerar innecesaria la reforma a creerla crucial, ¿qué ha pasado en tan poco tiempo?

Respuesta. Nunca negué la necesidad de reformas. Lo que habíamos sostenido es que la crisis no tenía origen en el mercado laboral, sino en el sistema financiero, en la falta de crédito y en la falta de confianza de los ciudadanos. Y eso no se resolvía con una reforma laboral. Ahora, creo que la reforma tiene que servir para dos cosas: para dotarnos de un mercado en el que los ajustes futuros no vayan directamente a la destrucción de empleo y para que las futuras contrataciones garanticen una mayor estabilidad en el trabajo.

P. ¿Y haberla hecho antes no hubiera evitado la destrucción de empleo?

R. No hubiera evitado toda la destrucción de empleo, porque la flexibilidad interna es imprescindible, pero tiene que ver mucho con el modelo económico. En una fábrica de automóviles la puedes aplicar, pero en una promoción de casas pareadas es más complicado. No se podría haber evitado, aunque evidentemente podría haber ayudado a contener una parte del empleo que se ha destruido. ¿Por qué no se hizo antes? Porque el Gobierno identificó que había que hacer esa reforma en el marco del diálogo social y entendió que era preferible retrasar tres meses la aprobación de un real decreto para agotar las posibilidades del diálogo social.

P. ¿Cuánto ha influido la presión de los mercados?

R. Menos que la percepción que se puede tener. Si cogemos el documento del 5 de febrero, la hoja de ruta donde se establece una línea a seguir para el diálogo social, veremos que en el resultante final de la reforma no hay un giro copernicano. Hay conceptos que aparecen hoy con más claridad.

P. La reforma apuesta por respuestas ya ensayadas que no han erradicado las disfunciones del mercado laboral. ¿Por qué ahora sí que van a funcionar?

R. Esta reforma no es una mera prolongación de otras. El contrato de fomento del 97 [el de 33 días por despido] no ha funcionado por la inseguridad jurídica que tiene y por el amplio colectivo que excluye.

P. No es tan amplio. Apenas 400.000 personas de un total de 4,6 millones de parados.

R. ¿Y es lógico que se excluya a los hombres de 31 a 44 años?

P. Es un contrato de fomento de empleo indefinido para colectivos desfavorecidos, no uno ordinario.

R. Sí. Tiene que haber excepciones. En cualquier caso no se ha usado por la inseguridad jurídica y porque hay un colectivo con el que no se puede usar. Queremos apostar por ese contrato porque entendemos que es la alternativa a la temporalidad. Pero no actuamos solo sobre este segmento. También acotamos el contrato de obra o servicio, clarificamos los encadenamientos de contratos temporales y aumentamos paulatinamente la indemnización de la extinción del contrato temporal, de forma que la diferenciación entre un contrato fijo y un contrato temporal se estreche.

P. ¿Y la situación no exigía medidas nuevas?

R. Esta reforma contiene medidas estructurales y coyunturales. Entre las primeras está la apuesta decidida por la flexibilidad interna. Que el empresario y los trabajadores adapten la realidad de su empresa a la del mercado y la económica. Otra medida estructural es una clara apuesta porque la temporalidad se acerque más a la realidad económica que a una cultura de contratación. El otro cambio estructural es que la intermediación reservada ahora exclusivamente a los servicios públicos de empleo se abra a las agencias privadas de colocación.

P. ¿Cuáles son los cambios coyunturales?

R. Una discriminación positiva para los parados de larga duración mayores de 45 años y para los jóvenes. Y ahí se mantienen unas bonificaciones concretas para esos dos colectivos.

P. ¿Ya han pactado la reforma final con CiU?

R. No. Lo que ha dicho CiU, demostrando responsabilidad con más claridad que otros, es que lo que no va a impedir es que se tramite la reforma.

P. ¿Cuántas de las medidas llevan el sello de CiU?

R. Todas llevan un solo sello, el del Gobierno.

P. ¿Qué es el "resultado negativo" de una empresa?

R. Lo debe de determinar el juez.

P. Pues lo ha escrito usted en la reforma laboral.

R. Por un resultado negativo entiendo lo que entendemos todos por un resultado negativo.

P. ¿Y qué es lo que entiende usted?

R. Que las causas económicas deben de ser racionales, deben tener una mínima razonabilidad y deben ser demostrables. Hay jurisprudencia en esa dirección. Y las condiciones económicas de la empresa, debe ser el empresario el que diga: produzco más, produzco menos; tengo pérdidas o no... Luego tendrá que justificar que para garantizar su viabilidad tiene que hacer un ajuste de plantilla. Y el juez tendrá que comprobar si es cierto y razonable.

P. En flexibilidad interna han sido un poco tímidos con el arbitraje.

R. El arbitraje obligatorio no es posible constitucionalmente. El actual modelo tiene un problema, que es que cuando no hay acuerdo se paraliza. Y eso no es bueno, puede eternizar la diferencia. Un empresario puede entender que ha cambiado el mercado, que tiene clientes nuevos y puede pensar que debería cambiar las condiciones de trabajo. Me parece razonable. Sé que el empresario va a pedir toda la autoridad [para cambiarlas]. Tampoco. Se tiene que negociar. Ese es un debate que los agentes sociales tienen que abordar entre ellos. Hay que buscar una buena salida que permita conciliar dos cosas necesarias, que las empresas tengan flexibilidad para adaptarse a una realidad cambiante pero, a la vez, que el principio de participación y negociación no se vea impedido.

P. ¿No teme quedar como el ministro que ha abaratado el despido?

R. No porque no es verdad. Ayer el real decreto no estaba en vigor. Un trabajador en nuestro país podía ser despedido por 45, 33 o 20 días por año trabajado. Hoy está en vigor y ese mismo trabajador puede cobrar una indemnización de 45, 33 o 20 días por año.

P. Ese mismo trabajador, ayer tenía muchas menos posibilidades de ser despedido con 20 días de indemnización que hoy.

R. Eso es una apreciación suya que tiene que determinar el juez.

P. Entre los objetivos de la nueva redacción está facilitar la vía del despido objetivo, el de 20 días.

R. Está corregir una anomalía entre la realidad y la ley. Solo el 9% de los despidos en España son objetivos. Hay una distorsión. La reforma no lo va a facilitar, pero sí lo va a aclarar. La perversión es que el 80% de los despidos sean disciplinarios. Se instaura la idea de la facilidad del despido, aunque sea más caro. Y ese despido a la larga da más inseguridad al trabajador que el objetivo, donde hay un juez que interviene.

P. ¿Va a contribuir la reforma a que la temporalidad se sitúe en niveles europeos?

R. Lo encaminamos en esa dirección, acotando normativamente el contrato de obra y servicio y evitando el encadenamiento. También aumentando la indemnización para la finalización de los contratos temporales hasta que tenga el mismo coste que la rescisión de un despido procedente.

P. Usted hablaba el otro día de que pasado un tiempo hay que evaluar la reforma. ¿Qué objetivo de tasa de temporalidad hay que alcanzar para valorarla positivamente?

R. Es un camino que hay que recorrer en el tiempo. España se ha movido en el 33% de media de temporalidad.

P. Ya, pero ahora ha bajado al 25%.

R. Sí, pero por la destrucción de empleo temporal en la crisis. Si España llegara a tener una tasa media de temporalidad del 25%, se acercaría más a lo que es su economía real.

P. Seguiría estando por encima de la media europea.

R. Nuestra economía siempre tendrá que tener una temporalidad más alta que la de otros países europeos, porque el efecto estacional es mayor (sector turístico, construcción...).

P. Da la impresión de que la reforma se ha escorado más hacia las tesis de la patronal. ¿Tenía más razón en sus postulados CEOE?

R. No, la reforma no se ha escorado a un sitio ni a otro. Lo que estaba en el ánimo del Gobierno es responder a los interrogantes que tiene la economía española, y el mercado laboral: excesiva rigidez en las empresas, más seguridad jurídica para el contrato fijo, apostar por una mayor participación en el terreno de la búsqueda de empleo y a la vez hace algo más flexible con lo que creemos que necesita la economía. No forma parte de la estrategia del Gobierno estar más cerca de los postulados de CEOE.

P. Pero la estrategia de CEOE ha sido exitosa. Parece que propician la ruptura de la negociación y, en cambio, consiguen avances en la línea que ellos esperaban.

R. Probablemente hoy es verdad que todas las reformas que se plantean en Europa se acercan más a planteamientos como los que defiende CEOE. Hay una corriente de pensamiento que va por ahí.

P. ¿Y se ha dejado el Gobierno llevar por esa corriente?

R. No. El Gobierno no se ha dejado llevar, esa es una realidad de la que formamos parte, podemos ignorarla, pero en todo caso nos afecta. Lo que pase en Europa no nos puede ser ajeno a nosotros. En todo caso, un Gobierno socialista no tiene que perder las señas de identidad en el país donde gobierna y tiene que contribuir a que la deriva en Europa sea menos conservadora.

P. ¿No es un fracaso no haber podido arrancar un pacto social en toda la legislatura?

R. No lo entiendo como tal, al menos personalmente. El Gobierno ha puesto toda la voluntad en conseguir un acuerdo en el diálogo social. Pero no depende solo de la voluntad del Gobierno, también de las otras partes.

P. ¿Ha hecho el Gobierno todo lo que podía?

R. Ha hecho lo que podía e incluso ha sido generoso en los tiempos. Pero el Gobierno no lo vive como un fracaso, y el ministro menos.

P. ¿Teme que la huelga general capitalice algo más que la protesta contra la reforma laboral y haga tambalearse al Gobierno?

R. La huelga general está convocada por la reforma laboral.

P. No solo, dicen los convocantes.

R. Una cosa es que los sindicatos europeos identifiquen que debe de haber una huelga en toda Europa porque no les gusta la deriva que están tomando las cosas. Y otra cosa es: vamos a hacer una huelga en España porque estamos en desacuerdo con la reforma laboral, aunque sea enmarcada en un día europeo.

P. ¿Hizo usted huelga el 20 de junio de 2002?

R. No, yo no he hecho huelga nunca. Tenía responsabilidades de Gobierno. Ahora, respeto el derecho de huelga. Faltaría más.

P. ¿Se siente decepcionado con la convocatoria?

R. En absoluto. Es un derecho de los trabajadores. Lo respeto. No lo censuro. Es más, en mi opinión, los sindicatos han dado muestras más que sobradas de una altísima responsabilidad.

P. ¿Es la reforma laboral su última labor como ministro de Trabajo?

R. No tenía necesidad institucional ni política para hacerme cargo del ministerio. Pero me dieron la máxima oportunidad a la que puede aspirar un ciudadano de este país, que es estar un Consejo de Ministros. En la peor época de hace un siglo, en el peor ministerio de hace un siglo. Aguantando ahí, sin perder la fuerza. Estaré a disposición de lo que diga el presidente.

P. ¿Evitará esta reforma que lleguemos a los cinco millones de parados?

R. Esta reforma no es para crear empleo, es para evitar que se destruya.

P. ¿Se atreve entonces a descartar que lleguemos a los cinco millones de parados?

R. No. Yo me atrevo a decir que estamos en la parte final del ajuste del empleo. Debería preocuparnos más el tiempo que necesitamos para recuperar empleo que el tiempo durante el que se destruirá. No me atrevo a dar una cifra.

P. Aún les queda pendiente la reforma de las pensiones. ¿Van a sacarla sin acuerdo si es necesario?

R. La reforma de las pensiones es necesaria, no por la salud económica de la Seguridad Social, y sería bueno que el sistema financiero y Bruselas tomaran nota de ello. Las cuentas de las pensiones están saneadas y nuestro sistema ha aguantado bien el impacto de la crisis económica. La reforma es necesaria por la situación demográfica futura.

P. Sí, pero ¿el Gobierno tomará la decisión?

R. El Pacto de Toledo debe debatir y articular el consenso y luego establecer sus recomendaciones, que el Gobierno podrá asumir al 100%.

P. ¿Se mantendrá elevar la edad de jubilación?

R. Era una de las hipótesis.

P. También aumentar el periodo de cómputo, como se le dijo a Bruselas.

R. Yo no sé lo que se le dijo a Bruselas porque no yo no soy el ministro que habla con Bruselas. Yo lo que puedo decir es lo que dice el documento del Gobierno. Y sobre el periodo de cálculo dice que se tiene que discutir. Lo que no prejuzga el documento es cuál tiene que ser el resultado final.

P. ¿Se precipita Bruselas entonces?

R. No. Hay que hacer reformas. No se puede negar la mayor. Pero de ese discurso no se pueden desprender situaciones que lleven a pensar que si no hacemos reformas, en seis meses tendremos problemas con las pensiones en España.