Un fracaso detrás de otro

La intensidad con la que se ha reclamado desde múltiples foros una reforma laboral en España en los últimos años puede llevar al equívoco de pensar que prácticamente nunca se había hecho ninguna. Nada más lejos de la realidad. Desde que se promulgó en 1980, la redacción del Estatuto de los Trabajadores ha cambiado en torno a medio centenar de ocasiones. Poco menos de un cambio cada medio año tratando de arreglar los problemas de un mercado laboral dado a los excesos: a la gran creación de empleo precario y temporal en las etapas de crecimiento y a la destrucción cuando llegan mal dadas. Un mercado laboral que, como recordó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hace apenas un mes, algún arreglo necesitará si en dos décadas se ha situado tres veces por encima del 20% de paro.

El Estatuto de los Trabajadores ha cambiado medio centenar de veces

Las reformas sin consenso han acabado siempre en huelga general

Para solucionarlo se ha echado mano de varias reformas de calado (1992, 1994, 1997, 2002 o 2006), de cambios leves en el Estatuto de los Trabajadores y de la extinta Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la puerta de atrás por la que los Gobiernos de turno colaban cambios legislativos de lo más dispares. Nada lo ha arreglado.

El reiterado fracaso ha alimentado el debate. Para unos, en los más de 30 años de democracia nunca se ha llevado adelante el cambio profundo que precisaba un mercado laboral que heredó inercias del franquismo (un trabajo y una empresa para toda la vida) para adaptarse a una economía moderna y no ser un lastre para ella. Para otros, esto solo demuestra que la solución no llega de la mano de las regulaciones, sino de la actividad económica, de la fluidez del crédito y del modelo productivo, que hasta ahora ha creado trabajo precario, poco productivo y temporal.

Y este debate no se ha quedado ahí; ha llegado a la calle. Las reformas laborales intentadas sin consenso han acabado en huelga general. Sucedió en 1992, en 1994 y en 2002. Y el 29 de septiembre de este año se volverá a reeditar.

"Las reformas en España solo se han hecho en el margen del mercado laboral. Es decir, para los trabajadores entrantes [los temporales]", explica Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III. Para Dolado, los cambios abordados en el mercado laboral español nunca han tenido la profundidad necesaria porque los sindicatos defienden a los trabajadores indefinidos, "los que votan en las elecciones", y se han opuesto a ello.

Lejos de esta opinión está Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, quien cree que las reformas laborales pueden contribuir a mejorar la situación, pero no son la piedra de toque. Él, con una tesis similar a la de los sindicatos, defiende que los males laborales llegan del modelo productivo.

Y entre los primeros males que atacan al mercado laboral español está la temporalidad. Ahí sí que coinciden Valdés y Dolado. A ella se abrió la puerta en 1984, en la primera gran reforma laboral de calado del Estatuto de los Trabajadores. La que permitió el uso de los contratos temporales sin causa como instrumento contra la segunda crisis del petróleo, la que impulsó el paro por encima del 20% por primera vez en democracia.

"Ha sido la reforma de más impacto. Luego todas han intentado desandar lo que se hizo entonces", explica José Ignacio Pérez Infante, profesor universitario de Mercado de Trabajo. También la última, la anunciada el miércoles. Así lo han indicado tanto los documentos oficiales como las declaraciones de los miembros del Gobierno durante los últimos meses.

Desde 1984, la división entre trabajadores indefinidos y temporales -"en castas", según la expresión de Dolado- ha marcado el mercado laboral. Hay un grupo de asalariados con derecho a una indemnización por despido alta -incluso cara en comparación con otros países- y otro con una compensación escasa.

Tal vez por eso se han producido la rápida creación de empleo y la destrucción a la misma velocidad, según fuera la coyuntura laboral. Y ha generado una cultura en la gestión de los recursos humanos en las empresas y en la Administración -ambas tienen tasas de temporalidad en torno al 25%- que se ha instalado de tal forma que las sucesivas reformas no han logrado corregir mínimamente.

"Fue buena en su momento, pero el problema es que se convirtió en permanente lo que tendría que haber sido coyuntural. Y algo de culpa tengo yo, que fui director general de Empleo en aquella época", explica Pérez Infante.

La primera vez que se intentó corregir seriamente el problema fue en 1994. Entonces se abordó el que ha sido, probablemente, el cambio de mayor calado del Estatuto de los Trabajadores: se elimina el contrato temporal sin causa, se permiten los despidos individuales por causas objetivas y se llena de contenido la negociación colectiva.

"Fue una gran reforma. Ha sido positiva. Acabó con los últimos vestigios franquistas del estatuto y potenció la negociación colectiva", explica Valdés. Pero aquel cambio nació con un pecado original que lastró sus primeros pasos. No fue fruto del consenso y fue recibida con una huelga general.

Tras el conflicto, el diálogo entre empresarios y sindicatos se paralizó. No volvió a recuperarse hasta que Felipe González salió del Gobierno. "La estadística muestra que no es hasta 1997 cuando empiezan a aparecer en los convenios cuestiones relativas a movilidad geográfica en los puestos de trabajo o a los cómputos anuales y no semanales de los horarios", explica Pérez Infante, en referencia a los cambios en la negociación colectiva que había permitido la reforma de 1994.

Precisamente en este punto es donde Dolado ve el otro gran problema del mercado laboral: la negociación colectiva. A ella y a su rigidez achaca este profesor universitario que los salarios no se adapten a la coyuntura y acabe destruyéndose empleo. Reclama acabar con el nivel provincial de negociación y quedarse con los otros dos que ya existen: el estatal y el empresarial, descargando sobre este último el gran peso. Los cambios que se llevaron a cabo en 1994 no son suficientes para él. Y a la hora de señalar responsables de que este cambio no se haya sacado adelante en ninguna reforma laboral hasta ahora, vuelve a señalar a los sindicatos y a la patronal. "Una vez montada este tipo de negociación desde comienzos de los ochenta se crean intereses ocultos", explica Dolado.

Más allá de las acusaciones, parece que los cambios en la negociación colectiva desde hace 16 años hasta hoy no han sido suficientes. De hecho, tanto sindicatos como empresarios o FMI coinciden en la necesidad de cambios. Y hasta la reforma aprobada el miércoles, ninguna de las anteriores había realizado modificaciones significativas en este punto.

Los Gobiernos, del PSOE o del PP, han preferido apuntar a la temporalidad. La primera reforma del Partido Popular creó el contrato de fomento del empleo indefinido, famoso ahora por la generalización de él que ha hecho el Gobierno. Con esta figura, que tiene una indemnización por despido de 33 días frente al ordinario de 45, el Ejecutivo de Aznar lo creó para rebajar el porcentaje de contratos eventuales (más del 30%). No lo logró y el éxito del nuevo contrato fue efímero. Un nuevo paso para desandar lo andado desde 13 años antes.

En 2001, el PP volvió a atreverse con la temporalidad. Estableció una compensación de ocho días por año a la finalización de contrato -salvo para los interinos-. El último cambio del Estatuto de los Trabajadores que intentó el PP en 2002 acabó en huelga general. Gran parte de las intenciones iniciales del Ejecutivo de Aznar, que afectaban a las prestaciones por desempleo, fueron abortadas. Sobrevivió el despido exprés, una vía que permite a las empresas tramitar la rescisión del contrato en 48 horas admitiendo la improcedencia del despido y poniendo a disposición del trabajador la indemnización correspondiente.

La otra gran reforma laboral que ha intentado taponar la brecha de la temporalidad llegó en 2006. A base de subvenciones a la contratación, el Ejecutivo socialista trató de revitalizar el contrato creado en 1997 y logró rebajar mínimamente el peso de los compromisos eventuales. Pero ha tenido que ser la crisis y su sangría sobre el empleo la que haya rebajado la temporalidad hasta el 25%, una tasa que todavía sonroja al mercado laboral español al compararlo con los de sus socios europeos.