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Las consecuencias del ajuste económico

Zapatero propone un trámite "lo más rápido posible" de la reforma laboral

PP, CiU y ERC aceptan el procedimiento urgente, que solo rechazan IU e ICV

El presidente del Gobierno quiere que el decreto de reforma laboral se tramite "lo más rápido posible". "Si hay que trabajar en julio o agosto, habrá que hacerlo", explicó ayer José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Su deseo es lograr una tramitación ultrarrápida que concluya en julio.

CiU coincide en ello, para poder alejar así el trámite de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas y de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre. Y, sobre todo, para evitar que, si se demora la tramitación, pueda generarse una situación de incertidumbre que frene a los empresarios a la hora de hacer contratos, a la espera de que salga de las Cortes una reforma más favorable a sus intereses.

El Gobierno negocia ya con los grupos parlamentarios las enmiendas al texto

Trabajo expresa a ERC su disposición a retocar el despido por causas objetivas

Para ello el Gobierno necesita que otros grupos parlamentarios colaboren en acortar al máximo los plazos de enmiendas para hacer posible esa aprobación ultrarrápida.

Por el momento, CiU está a favor. Y ayer el número dos del Grupo Popular, José Luis Ayllón, aseguró que el PP no obstaculizará esa tramitación . No obstante, el diputado popular aprovechó para criticar las prisas del Ejecutivo después de dos años de demora en la toma de decisiones y de reticencias a impulsar la reforma.

También Joan Ridao (ERC) está a favor de que se apruebe en julio el texto, que aunque ya está en vigor puede sufrir aún modificaciones. Considera que el trabajo de negociación estará básicamente hecho el martes antes de la votación de convalidación, y no habrá razones pues para retrasarlo.

El artículo 91 de la Mesa del Congreso permite que se reduzca a la mitad el plazo de enmiendas, dejándolo en solo una semana. También posibilita facultar a la Comisión de Trabajo para aprobar el texto con capacidad legislativa plena, de forma que no sea preciso que vuelva al Pleno del Congreso.

Así, a mediados de julio podría estar en el Senado, y bastaría con que el PSOE y CiU se pusieran de acuerdo para que se aprobara en la Cámara alta a finales de ese mes, sin introducir enmienda alguna y, por tanto, sin que deba volver al Congreso.

Si el Gobierno lograra ese calendario, la reforma laboral completa estaría en vigor a finales de julio. En la Mesa del Congreso tienen representación PSOE, PP, CiU y PNV; así, está garantizada una mayoría holgada para imponer la tramitación ultrarrápida, como se ha hecho en otros casos en los que ha habido acuerdo total de los grupos. También la habría en la ponencia que se constituya, que tiene capacidad legal para cerrar sus trabajos en un solo día si hay pactos previos.

Sólo rechazan frontalmente este calendario los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV), que comparten grupo parlamentario con ERC. Pero su margen de maniobra y su capacidad para entorpecer esta tramitación es nula, pues no están representados en la Mesa del Congreso. Llamazares aseguró que lo que se pretende con "una tramitación exprés es abortar la huelga", y si el Gobierno busca "que la huelga no tenga éxito, se va a equivocar". En su opinión, el PSOE quiere convertir el Parlamento en "un esquirol".

Fuentes del Grupo Socialista mostraron cautela ante la posición del PP y aseguraron que habrá que esperar a que se concrete esa disposición a colaborar en la tramitación rápida de la norma.

Después de las declaraciones de Artur Mas, presidente de CiU, comprometiendo el apoyo de su grupo, la opción más probable para conformar la "mayoría suficiente" a la que aspira el PSOE sigue siendo la de los 10 votos de los nacionalistas catalanes, con el compromiso de incorporar sus enmiendas en el trámite parlamentario.

También está cerca ERC. Ayer una delegación de técnicos de este partido se reunió con otros del Ministerio de Trabajo para examinar posibles enmiendas. No hay ningún acuerdo cerrado, pero los republicanos ven disposición para modificar algunos de los asuntos más polémicos, especialmente el referido al despido con 20 días de indemnización por causas objetivas de dificultades económicas de la empresa. ERC está a punto de lograr que se introduzcan beneficios para la contratación de jóvenes.

El PNV mantiene el suspense sobre su posición, aunque más inclinado al no por la posición de abierta discrepancia del sindicato nacionalista ELA, que ha convocado una huelga general en el País Vasco y Navarra para el día 29. El lunes por la tarde la ejecutiva del PNV concretará el sentido de su voto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de junio de 2010