El Ararteko reclama mayor prevención contra los malos tratos policiales

El ararteko, Iñigo Lamarca, dedicó ayer nuevamente un capítulo a la prevención del maltrato en dependencias policiales, como viene haciendo desde 2004, durante su exposición en el pleno del Parlamento del informe de la institución que encabeza correspondiente a 2009, que recogió en total un 16% más de quejas que el del año anterior. Lamarca detalló que representantes del Ararteko han comprobado la instalación de sistemas de videograbación en las comisarías de la Ertzaintza, como se estableció en 2006 siguiendo las recomendaciones del propio Defensor del Pueblo vasco.

Recordó que también existen en dependencias policiales municipales, pero sólo en algunas. Y, en todo caso, ni unas ni otras cumplen una serie de requisitos que Lamarca consideró importantes para garantizar que los sistemas de videograbación cumplen el fin buscado: impedir todo exceso y garantizar que, de producirse, también existirán los medios que permitan "descubrir y sancionar esas actuaciones ilícitas", indicó.

El ararteko reclamó que el responsable de las grabaciones ha de ser independiente de la unidad que practique las detenciones o custodie a los arrestados. También pidió la conservación del material recogido durante tanto tiempo como tarden en prescribir las posibles responsabilidades, sean penales o administrativas y la organización de un registro en el que quede constancia documentada de todas las grabaciones realizadas.

El ararteko anunció que en el plazo de unos meses elaborará y dará a conocer una recomendación general que contendrá propuestas concretas para mejorar el sistema de garantías ahora vigente. Lamarca sostuvo que se siente "interpelado" para tomar dicha iniciativa tras determinar el Gobierno central que sea el Defensor del Pueblo nacional la figura donde resida la prevención de la tortura y los malos tratos. España ha suscrito el protocolo al respecto de Naciones Unidas. El ararteko apuntó que espera, en todo caso, seguir interviniendo en esa prevención al amparo de los convenios que suscriba con el Defensor del Pueblo español.

Lamarca recibió los parabienes de los grupos de la Cámara, con algunas precisiones, como la que le dirigió EA para que simplifique sus informes, o EB, que dijo no entender su emplazamiento a una mejor respuesta de las administraciones públicas a las víctimas del terrorismo. Aralar recalcó su crítica al informe especial sobre esas víctimas. "Ese informe es inadecuado, por usar un término suave", sostuvo su parlamentario Mikel Basabe. Mikel Unzalu, del PSE, felicitó a la institución por ese texto, y el PNV fijó su atención en las restricciones de derechos a detenidos por terrorismo, para pedir su supresión.

UPyD puso el acento en la cantidad de reclamaciones de todo tipo (un 32%) que terminan con el reconocimiento de una actuación errónea de la Administración de que se trate y el alto porcentaje en las que se hace caso omiso a la recomendación del Ararteko. El PP vio con preocupación la referencia a la práctica de torturas e instó a la institución a implicarse más en la comprobación de la veracidad de las denuncias. También destacó que, pudiendo usar con libertad el euskera, sólo el 4,8% de consultas y quejas se presenten en esta lengua.

Por otra parte, la Cámara rechazó la pretensión del PP de eliminar la reserva del 50% de las plazas de acceso a la Ertzaintza a mujeres, tras la sentencia del Superior que la declaró improcedente en un curso de ascenso. Los demás grupos, salvo UPyD, mandataron a Interior a mantener esa reserva.