Sociedad civil más allá del Estado de bienestar

El Estado de bienestar, fundamentado en la sanidad, la educación y las pensiones, se ha consolidado estos últimos años desarrollando los servicios sociales y, en especial, la atención a la dependencia. Convencidos de la bondad del modelo, crece la inquietud entre las entidades sociales por el cariz que puede tomar el apoyo que reciben de la Administración, cuando realizan todo tipo de actividades sociales no necesariamente garantizadas por el Estado. Sin dudar de los avances normativos, preocupa a dirigentes de entidades sociales que la gran mayoría de recursos públicos disponibles, y parte de los privados como pueden ser los presupuestos de las obras sociales de las cajas de ahorros, se destinen únicamente a los servicios sociales "catalogados" y garantizados por la Administración perdiendo apoyo otras necesidades que consideramos también importantes.

Una democracia avanzada debe tener en consideración a las entidades sociales, escucharlas y apoyarlas en momentos difíciles

Debemos tener presente que este país tiene una ley de mecenazgo simbólica, con unos beneficios fiscales para el donante mucho menores que en otros países desarrollados. A menudo, es la Administración la que orienta mecenazgos privados, la presión fiscal se ha incrementado los últimos decenios de forma muy significativa y el discurso público se orienta a mostrar la Administración como prestadora y garante de todos los servicios. En este contexto, recabar fondos privados para necesidades sociales e intervenciones preventivas es una proeza.

Es importante tener conciencia clara de que al margen de los servicios garantizados por la Administración son muchas las acciones sociales, igual de relevantes, que no se estarían realizando en estos momentos si no fuera por la iniciativa de asociaciones y fundaciones. Sin ser exhaustivos, podemos hablar, por ejemplo, de la atención a las personas sin techo, del apoyo a madres solteras sin entorno familiar, de los centros especiales de trabajo que posibilitan la realización profesional y personal de las personas con discapacidades, favoreciendo, además, su cotización a la Seguridad Social. Otras acciones necesarias son las realizadas por los centros diarios de tiempo libre y los centros abiertos que acogen a niños y niñas a la salida de las escuelas, les dan la merienda, que puede ser la última comida del día, hacen repaso escolar, practican deportes o juegos y se entretienen hasta que por la noche encontrarán algún familiar en casa. Otras entidades a considerar son el Banco de Alimentos, la atención asistencial que puede dar Cáritas y prevención de toxicomanías. Todas ellas son iniciativas sin ánimo de lucro imprescindibles en la sociedad actual.

Y más allá de atender a los colectivos citados, la sociedad civil organizada es capaz de hacer visibles los intereses legítimos de las personas sin voz, de los nuevos "parias" como los denomina el sociólogo Zygmunt Bauman, flamante premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. De que la sociedad civil sea considerada interlocutora depende la visibilidad de otros intereses distintos de los predominantes, así como otra jerarquización de las prioridades político-económicas. El mercado y el poder político tienen unas prioridades a las que se debe añadir las de los colectivos más desfavorecidos. No es admisible que el ágora pública se guíe exclusivamente por encuestas de opinión y estadísticas de consumo. Son muchas las personas y los intereses mínimos de estas que están al margen de los centros de interés noticiables o que mueven el mercado. Son las entidades sociales las que con toda legitimidad pueden situarlos en la agenda política y en el interés general.

Es fundamental el papel de la Administración en una economía social de mercado. Ésta, desde la responsabilidad de la elección democrática de sus representantes, fija normas económicas, garantiza derechos sociales y distribuye el presupuesto. Con todo, podemos considerar una sociedad avanzada también porque sus miembros, las personas, tienen conciencia de su responsabilidad social. El apoyo normativo e incluso económico a las organizaciones de la sociedad civil contribuye a mejorar la calidad de la democracia y del conjunto de la sociedad. Las organizaciones sociales atienden con gran eficacia a los colectivos con dificultades sociales, denuncian los puntos débiles y son eficientes gestores cuando se les concierta o contrata la prestación de servicios públicos. Muchas personas se sostienen en la actualidad gracias a la ayuda que reciben de Cáritas y de otras organizaciones sociales. Una democracia avanzada debe tener en consideración a las entidades sociales, escucharlas y apoyarlas especialmente en momentos difíciles para sus beneficiarios directos.

Josep Oriol Pujol i Humet es director general de la Fundación Pere Tarrés.