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La prensa italiana se rebela contra la 'ley mordaza'

El director del diario 'La Repubblica', Ezio Mauro, considera la norma un "acto de violencia" de Berlusconi

Crece la protesta y la inquietud en Italia contra la ley que regulará las interceptaciones judiciales y su difusión, aprobada el jueves por el Senado ante el escándalo de la oposición, jueces y periodistas. La Repubblica salió ayer, tanto en la edición de papel y en la digital, con la portada en blanco "por primera vez en la historia de la información italiana", explica su director, Ezio Mauro. En medio, un papelito amarillo (convertido ya en símbolo de la revuelta: la gente se lo pone en la boca o en los ojos) decía: "La ley mordaza niega a los ciudadanos el derecho a ser informados".

Otros medios, como el canal televisivo de noticias Sky24 y el diario Il Fatto Quotidiano, colocaron franjas negras en señal de luto, mientras L'Unità utilizó además una tipografía asociada al fascismo y La Stampa canceló sus espacios satíricos. Como Ezio Mauro, todos están muy preocupados por el futuro de la democracia italiana si la ley pasa tal y como está ahora el trámite de la Cámara de Diputados. "Esta ley es un acto de violencia de la casta del Gobierno contra la libertad de información", explica Mauro. "El vacío de la primera página blanca intenta explicar que el Gobierno quiere cerrar el circuito democrático a través del cual los jueces investigan, los periódicos informan y los ciudadanos se informan, y por tanto juzgan y controlan al poder".

La mayoría del centro derecha aduce que los medios y los fiscales abusan de las escuchas, muchas veces no relevantes para la investigación, y sin respetar la privacidad. Mauro ofrece una salida distinta: "Limitar la difusión de escuchas a las que son relevantes y deben ser públicas sería facilísimo: bastaría con que las tres partes, el fiscal, la defensa y el juez, decidieran cuáles se conservan y cuáles se destruyen".

"La norma no está inspirada en la defensa de la intimidad, como alegan sus defensores", añade el director, "sino en el miedo de la mayoría a que jueces y periódicos revelen los escándalos de corrupción. No estamos ante un problema corporativo, se trata de una batalla de libertad y democracia. El Gobierno quiere decidir qué noticias son importantes, la calidad, momento y cantidad de lo que publicamos".

"En ese sentido, es una medida muy coherente con la política de Berlusconi en los últimos años". Y agrega: "De una coherencia perversa. Quiere que todos los medios sean como sus telediarios: controlados y sin noticias".

Tampoco las actas judiciales podrán publicarse antes de que los acusados sean llevados a juicio, salvo en forma de resumen. Para escuchar a políticos habrá que pedir permiso al Parlamento y para interceptar a un cura deberá ser oído su obispo. La única solución que contempla la ley es coercitiva: la difusión se prohíbe bajo penas de hasta 450.000 euros para los editores, y hasta 30 días de cárcel para los periodistas. Según el director de La Repubblica, "las multas altísimas a los editores expropiarán la libertad a las redacciones de los periódicos para decidir lo que debe ser publicado, cambiando así el sistema de gestión de los medios".

Europa debe actuar. Y deprisa, dice Mauro. "No me gusta hablar de dictadura, pero si en el corazón de Europa, en 2010, un Gobierno decide qué y cuándo se publica, no encuentro definición mejor. El diseño autoritario de Berlusconi llegaría al culmen con esta ley. Debe ser frenada. Estamos hablando de desobediencia civil, de abrir webs en el extranjero para publicar lo que aquí se prohíba... Lo que hay que hacer es pararla antes de que sea tarde".

Los fiscales antimafia han rechazado el proyecto recordando que los delitos de los grandes capos se descubren interceptando a sus empleados, sobre todo a los que se encargan del lavado de dinero. El sistema ideado por el penalista del primer ministro, Niccoló Ghedini, permitiría interceptar a los silenciosos bosses y a los sospechosos de terrorismo, pero limita todas las demás escuchas a los casos que presenten "evidentes indicios de delito" y establece un nuevo límite máximo de 75 días. "Los ciudadanos deben saber que es su seguridad y la democracia lo que está en juego", concluye Mauro. "En la lucha contra la mafia y los delitos de cuello blanco, como ha dicho el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, las escuchas son un instrumento básico".

Ezio Mauro, en la sede de <i>La Repubblica</i> en Roma.
Ezio Mauro, en la sede de La Repubblica en Roma.AFP
Portada del viernes de <i>La Repubblica.  </i>
Portada del viernes de La Repubblica.

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