La Xunta moviliza a sus funcionarios para buscar pruebas contra el PSdeG

Mientras tres diputados del PP revolvían los archivos de la Xunta, la mañana del lunes, la Consellería de Traballo movilizaba a 20 funcionarios por 11 localidades de las cuatro provincias con idéntico objetivo: pruebas contra la denominada "trama agraria". Trece organizaciones relacionadas con Unións Agrarias recibieron de forma simultánea la visita de los enviados del departamento que dirige Beatriz Mato, después de que el PP denunciase el supuesto desvío al PSdeG de subvenciones recibidas por esas entidades en 2006.

Las inspecciones consistieron en la comprobación de la presencia en su puesto del personal contratado mediante subvención. La consellería las consideró "rutinarias" y de carácter "aleatorio", aunque en un primer momento admitió a Europa Press que se comenzaron por las que se encuentran "en el punto de mira" de las denuncias del PP. Ayer cambió el paso. Lo hizo con una novedosa explicación, al asegurar que se realizaron tras conocer "por la prensa" lo que considera "una queja de los socialistas". La supuesta queja es en realidad la aclaración, realizada por el PSdeG, de que 13 de las 25 asociaciones presuntamente beneficiadas por el bipartito siguen recibiendo ayudas de la Xunta de Feijóo. Y esas 13 fueron las que Traballo visitó.

"No son inspecciones, sino visitas de técnicos a las sedes de las asociaciones subvencionadas para comprobar si se cumplían los expedientes", sostiene una portavoz de la consellería. Los responsables de Unións Agrarias, en cambio, aseguran que fue "una redada" y "una caza de brujas", con "inspecciones efectuadas por personal no autorizado". La búsqueda de pruebas se realizó en asociaciones de Silleda, Chantada, Becerreá, Ordes, A Estrada, Carballo, Vilalba, Lalín, Xinzo, Rodeiro y Santiago.El sindicato Unións Agrarias denunció ayer el "ánimo de intimidación" de las inspecciones, especialmente en pequeñas localidades donde la presencia de los enviados de la consellería provocó un notable revuelo. Fuentes del sindicato también acusaron a la Xunta de poner la Administración "al servicio de un partido político". En la misma línea se pronunció el PSdeG, cuyo grupo parlamentario presentó ayer varias iniciativas en las que reclama explicaciones por la "persecución política" a Unións Agrarias.

La consellería, mientras, no aclaró de quién partió la orden de realizar las inspecciones, las únicas efectuadas entre las más de 800 asociaciones que solicitaron los mismos programas de cooperación. "No tienen que partir de nadie", afirmó la portavoz del departamento de Beatriz Mato, que consideró que se trata en todo caso de un dato "de orden interno" al que la Xunta no tiene por qué dar publicidad. "Este tipo de cosas no se van contando: se decide ir a hacer unas comprobaciones y se hacen", añadió.

La capacidad de los "funcionarios técnicos", como los define Traballo, para realizar las comprobaciones se pone en duda en un informe que maneja Unións Agrarias, que revela que sólo están autorizados los inspectores y subinspectores del Ministerio de Trabajo. Ese documento sostiene que la entrada de funcionarios no habilitados legalmente en un centro de trabajo para desarrollar tareas de investigación "puede constituir un delito de usurpación de funciones". La entrada de funcionarios no habilitados en un centro que, además, sea la sede social de una sociedad u organismo, añade, "atentaría contra la inviolabilidad del domicilio"

"Sólo comprobación"

Traballo discrepa de las supuestas infracciones cometidas por los funcionarios, y sostiene que se limitaron a realizar "comprobaciones rutinarias de documentación". La facultad de realizar esas comprobaciones de oficio, sostiene la Xunta, está contemplada en las propias bases de las ayudas a la contratación.

Traballo seguirá ahora adelante con el expediente, aunque adelantó que no informará de sus resultados "salvo que se encuentre algo delictivo o realmente grave". Los socialistas, mientras, preguntaron a la Xunta en el Parlamento qué criterios se siguieron para inspeccionar a Unións Agrarias, y no al resto de organizaciones que recibieron las mismas subvenciones.