Movimientos sísmicos en el sector público

La situación económica remueve cosas que parecían atadas y bien atadas. Y genera tensiones que pueden utilizarse para avanzar en cambios, discutidos desde hace años, pero que no era fácil poner en práctica por la fuerza de la costumbre y los intereses creados. Los expertos aseguran que es mejor emprender reformas estructurales en el sector público cuando las cosas van bien, cuando se tiene legitimidad política y social, y cuando el margen ante las próximas elecciones es significativo. Nada de ello ocurre ahora. Las cosas van mal. La legitimidad está bajo mínimos. Y las contiendas electorales de comunidades autónomas y municipios, afectados frontalmente por las medidas de ajuste, están a la vuelta de la esquina. Y a pesar de ello, todo el mundo sabe que es cuando las cosas van mal, sobre todo si van mal en todas partes, cuando se abren oportunidades para generar cambios que en otra coyuntura serían impensables o poco entendidos como necesarios.

Necesitamos cirugía fina y no terapia de choque, pero la presión genera la necesidad de actuar deprisa y corriendo

Todo ello viene a cuento por la huelga de funcionarios públicos de ayer provocada por el recorte salarial, pero está asimismo conectado con los debates sobre reducción de cargos, simplificación administrativa, supresión de entes y consorcios en el sector público, y con relación a la polémica sobre el copago en la sanidad pública. La fuerte reducción de ingresos de las administraciones está obligando a todo ello. Puedes subir la carga impositiva, pero es evidente que tienes que operar también sobre las que son tus partidas principales de gasto, y ahí están los costes de personal, las pensiones y el gasto sanitario. ¿Sobra gente en las administraciones públicas? Los datos de la función pública en España están situados en cifras parecidas a las de Alemania, Italia y Austria, y con menos funcionarios por habitante que en Francia, Suecia y Finlandia. Pero ¿tenemos servicios públicos comparables a los de estos países? Si miramos las cifras del Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales, tampoco la distribución general parece extraña, si atendemos a que las comunidades autónomas acumulan los servicios más intensivos en personal, como son la educación y la sanidad. Más bien lo que parece es que sigue habiendo demasiada gente en la Administración central del Estado, tras la gran descentralización generada, y que falta gente en las administraciones locales, dada la creciente presión que reciben. Y sobre todo, que sabemos muy poco de la relación entre trabajo desarrollado y resultados obtenidos.

Si no sobra gente, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente, el tema clave es equilibrar mejor el tipo de gente que se necesita y su distribución, así como una mejor relación entre trabajo, trabajadores y resultados. Veamos algunos ejemplos. En algunas comunidades autónomas, precisamente las que más proporción tienen de funcionarios por habitante, hay muchos servidores públicos en los niveles menos cualificados. Ahí tenemos indicadores precisos de que algo sucede. ¿Sobran profesores de universidad? Seguramente no, pero lo que sí está claro es que están mal distribuidos y que en ciertos casos no sabemos muy bien lo que hacen. Todos saben que si quieren incorporar a algún joven talento en el centro correspondiente, al no poder esgrimir elementos relacionados con la investigación que justifiquen su contratación y que, incluso, financien su lugar de trabajo, han de justificar docencia para poder contratarlo. Y así, tenemos muchos profesores, pero no todos justifican su función investigadora. Los ayuntamientos necesitan más recursos y más personal, pero no se puede atender esa justa demanda sin tener en cuenta el minifundismo municipal que sufrimos. Por tanto, conviene descentralizar la Generalitat y traspasar funcionarios, pero en ámbitos de servicios territoriales más funcionales y en codirección ayuntamientos-Generalitat. El copago en sanidad es menos necesario para reducir gastos que para disciplinar la demanda, pero ello tiene que ver también con formas de gestión que incentivan la frecuentación.

Necesitamos cirugía fina y no terapia de choque. Pero la mezcla de presión internacional, cajones vacíos y cortoplacismo mediático genera la necesidad de hacer deprisa y corriendo, y en plan grueso, lo que requeriría poner en marcha programas de ajuste y de renovación más profundos y estructurales, con buenos sistemas de información y evaluación. La huelga puede servir para decir que lo que está en marcha no es la solución. Pero no estaría mal que los sindicatos nos ayudasen también a orientarnos en lo que sí deberíamos hacer. Si no es así, su legitimidad irá descendiendo tanto como la de los políticos.