Los parlamentarios podrán consultar en Miñano informes del 'caso De Miguel'

La dirección del Parque Tecnológico de Miñano tiene habilitada desde la semana pasada una sala en sus dependencias -data room es su denominación- a disposición de cualquier parlamentario vasco que quiera realizar consultas sobre las operaciones que han aparecido supuestamente ligadas a la presunta trama de corrupción encabezada por el ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel. Entre los imputados figuran también el ex presidente de la Red Vasca de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y el ex director del de Miñano, Alfonso Arriola, su ex director financiero Koldo Otxandio, la directora técnica Miren Bilbao, y Aitor Tellería, responsable de CEIA, un semillero de empresas ubicado en el parque, y ex miembro de la ejecutiva del PNV en Álava.

Cultura rechaza investigar todo el departamento, como pide el PP

Los responsables actuales del parque, cuya dirección ejerce José Manuel Nogales, persiguen, según fuentes del mismo, "realizar un ejercicio de transparencia" y facilitar la labor de control a los parlamentarios interesados. El objetivo es simplificar la comunicación entre el parque y la Cámara, que le está dirigiendo numerosas peticiones, y agilizar el acceso de sus señorías a la información. De otro modo, es decir, a través de preguntas para su respuesta escrita o de solicitudes de información documentada, su recepción puede demorarse hasta 20 días, y eso si el Gobierno no pide ampliaciones de plazo por la complejidad de las peticiones.

La actuación presencial de los parlamentarios les permite obtener de modo inmediato cuanto estimen de su interés, realizar sus búsquedas con medios informáticos, revisar expedientes in situ, tomar cuantas anotaciones crean precisas y obtener copias de los documentos que deseen. El ofrecimiento fue realizado por el consejero de Industria, Bernabé Unda, en su última comparecencia parlamentaria por el asunto que instruye el juzgado número 4 de Vitoria. El consejero debía haber respondido ayer en la Cámara a una interpelación del parlamentario de EA, Jesús María Larrazabal, que finalmente se suspendió por la indisposición de éste, el jueves. Ayer no pudo acudir a la sesión de control. Unda comparecerá el miércoles en comisión por el mismo asunto. El consejero podrá ofrecer una información más precisa, una vez que la petición de personación del Gobierno en la causa ha sido atendida por el titular de la instrucción, el juez Roberto Ramos, y cuenta ya con su propia copia del sumario.

El caso De Miguel estuvo en todo caso presente en el pleno de control, con los escaños del PNV en escucha atenta, a través de una iniciativa del PP. Su parlamentario Carmelo Barrio requirió de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, los criterios de actuación para investigar la gestión de anteriores responsables imputados por haber suscrito contratos con la trama. De ellos sólo han aparecido las facturas, pero no los trabajos que justificarían los pagos. Barrio pidió que Cultura debe abrir una "investigación política, rigurosa y seria" que se extienda a toda la consejería, mientras que Urgell se negó. Las presuntas irregularidades parecen por ahora circunscritas a la dirección de Juventud y no ve razón, dijo, para abrir esa especie de causa general. "Sería injusto extender una sombra de sospecha sobre muchas personas que realizaron honestamente su trabajo", argumentó. Todo dependerá, en cualquier caso, de que se detecten o no nuevas irregularidades, dijo.