Guipúzcoa considera a Víctor Bravo el principal culpable político del 'caso Glass'

El ex director de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV Víctor Bravo quedará como el principal responsable político del caso Glass, la trama que, según la denuncia presentada por el fiscal, causó supuestamente un quebranto económico a la Agencia Tributaria estatal cifrado en 2,1 millones de euros. A falta de que los tribunales se pronuncien en la causa judicial abierta por este fraude, los partidos ya han proclamado su veredicto: el máximo culpable político es Bravo. La comisión de las Juntas Generales aprobó ayer por unanimidad el informe con las conclusiones de su investigación sobre este caso, que también cita como responsable, aunque en un grado menor a su subordinado, el ex diputado de Hacienda Antton Marquet.

Aprobada por unanimidad la investigación de las Juntas Generales

Bravo tramitó 145 expedientes fiscales de una veintena de contribuyentes

El documento, de 22 páginas y que deberá ser aprobado por el pleno de las Juntas, lo que previsiblemente ocurrirá el próximo 23 de junio, describe una Hacienda foral sometida al control casi absoluto de Bravo durante los años en que la dirigió -de 1999 a 2003-. Detalla además la falta de escrupulosidad y transparencia en la concesión a la empresa catalana Glass Costa Este Salou, en la que Bravo tenía una participación superior al 7% del capital, del régimen especial como sociedad de promoción de empresas, lo que le reportó cuantiosos beneficios fiscales.

En concreto, la comisión investigadora acusa a Bravo de ocultar a sus superiores la vinculación que tenía con dicha empresa durante la tramitación de las ayudas. Glass Costa Este Salou falseó su domicilio fiscal y lo situó en San Sebastián para acogerse a ventajas tributarias que no le correspondían. La comisión considera que este régimen especial de incentivos se convirtió en "un coladero" para actividades que aportaron "muy poca cosa" a la economía guipuzcoana. Ese régimen, añade la investigación, abrió la puerta a "paraísos fiscales".

Estas prácticas sin apenas transparecia se dieron, según recoge el informe de conclusiones, cuando Bravo ejercía en la Hacienda foral "un liderazgo total" y concentraba todo el control en sus manos. Mientras el ex senador estuvo al frente de la dirección general del fisco foral, los servicios de inspección presentaban "serios problemas en su funcionamiento", según los testimonios recabados por los componentes de la comisión.

Ese "hiperliderazgo" llevó a Bravo a asumir incluso labores de inspección de expedientes, lo que para la comisión de investigación "merece un reproche desde el punto de vista político", puesto que "un cargo político no debe inmiscuirse en funciones inspectoras". Bravo se acogió a un decreto foral de 2000, sobre estructura orgánica y funcional del departamento, para asumir funciones de inspector. Dicho decreto permite al director de Hacienda ejercer esa facultad en el caso de expedientes en que concurran "circunstancias especiales". Acogiéndose a este precepto, Bravo instruyó 145 expedientes sueltos con un nexo común: estaban archivados "en el armario del director".

El informe detalla que los 145 expedientes corresponden a "no más de 20 contribuyentes" y que gran parte se refieren a un grupo promotor guipuzcoano. Entre ellos figuran varios relativos al empresario Javier Artetxe Tarascón, socio de Kutxa en Murcia y encausado en una pieza separada del caso Malaya, la mayor red corrupta que operaba en Marbella.

Bravo liquidaba estos expedientes con actas de conformidad, sin aportar apenas documentación, y casi siempre con la ayuda del mismo funcionario. A estas conclusiones llegó un experto contratado por los actuales responsables de la Hacienda foral, quien revisó los 145 casos examinados en su día por Bravo. El autor de este informe aseguró en su comparecencia ante la comisión que no podía constatar posibles irregularidades por la "escasa o nula documentación" que acompañaba a los expedientes.

La comisión también establece la responsabilidad política de Antton Marquet, diputado de Hacienda entre 1995 y 2003, por no controlar el desarrollo de la potestad inspectora que ejercía Bravo y por haber llevado al Consejo de Diputados para su aprobación el decreto de estructura organizativa y funcional de la Hacienda foral

El último apartado del informe de conclusiones contiene hasta 11 recomendaciones dirigidas al departamento foral, entre las que figura la derogación del artículo de ese decreto que otorga facultades inspectoras al director de Hacienda, así como la revisión del régimen especial de sociedades de promoción de empresas.

El actual equipo de la Hacienda guipuzcoana, dirigido por Pello González, se adelantó a esta sugerencia al anunciar cambios en los criterios para conceder tales ayudas.