Lezama impulsa a hurtadillas otro plan urbanístico tras el escándalo

El Ayuntamiento de Lezama ha impulsado a hurtadillas un nuevo plan urbanístico para el municipio, tras la polémica suscitada con la recalificación de los terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El consistorio aprobó el inicio del PGOU (el Plan General de Ordenación Urbana) el pasado 15 de marzo en un pleno extraordinario que había sido convocado de urgencia tres días antes, justo la jornada (el 12 de marzo) en la que el EL PAÍS desveló un acuerdo de los Etxeandia con dos constructoras que les pagan 5,3 millones por la venta de sus terrenos, ocho meses antes de que se recalificaran.

Aquella sesión fue justificada por la alcaldesa para acceder a las subvenciones que otorga la Diputación al desarrollo de planes urbanísticos. Y el único acuerdo adoptado, sólo con los votos favorables del PNV, que tiene 8 de los 10 corporativos, fue la adaptación del PGOU a la ley del Suelo. Ni la edil del PSE ni la de EB se enteraron que se aprobaba iniciar los trámites para un nuevo plan urbanístico.

Expertos creen que se busca cobertura al proyecto de pisos de los Etxeandia

El Superior anuló hace un año las normas urbanísticas de Lezama

Entonces y en los siguientes días, este diario contactó con el Ayuntamiento de Lezama para que explicara el acuerdo adoptado. "Lo que se hizo fue tomar el acuerdo de formulación del Plan General para adaptarlo a la Ley del Suelo de 2006", señaló reiteradamente un portavoz, sin aclarar si era una normativa y si suponía derogar el actual o mantenerlo.

La puesta en marcha de un PGOU, el principal instrumento de gestión de un ayuntamiento junto a los presupuestos ya que marca el desarrollo futuro de la localidad, no se adoptó además previamente en una comisión de Urbanismo, lo habitual en todo tipo de asuntos relacionados con el urbanismo, como se expresa en los reglamentos orgánicos municipales. "La explicación es que busquen dar cobertura a los nuevos aprovechamientos, entre ellos los terrenos de la alcaldesa, en caso de que se anulen definitivamente las normas actuales. Es un mecanismo que se ha utilizado en otros sitios, como en Tarragona, para no cumplir sentencias que anulen planes, aunque han sido luego otra vez anulados por el Tribunal Supremo".

El actual planeamiento urbanístico de Lezama está en vigor desde octubre de 2007, pero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia el pasado año (ha sido recurrido por el ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya ante el Supremo), y debería tener una validez durante cerca de 10 años. "Extraña que al de dos años se saquen otro plan", afirman los expertos consultados.

La confirmación de que se impulsa un nuevo plan vino el pasado 28 de abril, cuando el ayuntamiento convocó a la apertura de las plicas para contratar a los redactores del documento. El pasado viernes, durante el primer debate en las Juntas Generales sobre la polémica recalificación, la diputada vizcaína de Urbanismo, Pilar Ardanza, dijo, textualmente: "Ahora no hay en la Diputación ningún expediente urbanístico pendiente del Ayuntameinto de Lezama".

Ardanza no respondió a la pregunta de la juntera de Ezker Batua, Ana Tellería, sobre si el consistorio ha solicitado subvenciones para la elaboración del PGOU, una petición que siempre es tramitada por los municipios. El asunto fue comentado, en el mismo debate, por la representante del PSE Susana González, quien calificó de "esperpéntico" que la alcaldesa haya dicho en un pleno que no sabía de quiénes eran los terrenos de su familia, que el único proyecto urbanístico desarrollado en Lezama sea éste -el contrato firmado con las constructoras obliga a concluir los trámites urbanísticos en 2011 y, si no, deben reintegrar lo cobrado- y que exista un auto judicial explicando el acuerdo privado anterior a la recalificación. "No es esperpéntico a la vez que se ponga en marcha un nuevo plan general. ¿No es eso un despilfarro?".

El caso de los terrenos de los Etxeandia ha causado una revolución en Lezama, un pequeño municipio de 2.400 habitantes. Aunque el PNV no ha emitido ninguna declaración pública de apoyo e incluso la Diputación de Vizcaya apoyó la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía, en marcha desde marzo, los nacionalistas han cerrado filas y han vuelto a presentar como candidata a la alcaldía a Etxeandia, que lleva tres años en el cargo.