Corrupción en Cataluña

La recta final hacia las elecciones catalanas del próximo otoño está plagada de campos de minas. Los escándalos de corrupción del Palau de la Música y el caso Pretoria apuntan a los dos grandes partidos sobre los que ha gravitado la vida política catalana desde la Transición: CiU y PSC. En el primero hay indicios de financiación irregular a través de empresas de la construcción. En el segundo, los afectados son socialistas y convergentes: 32 millones de euros dejaron de ingresar tres ayuntamientos por la voracidad de los comisionistas, destacados miembros de ambas formaciones que se hacían con las plusvalías.

Entre los imputados hay nombres ilustres: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex consejeros de Jordi Pujol y hombres vinculados al llamado sector negocios de los nacionalistas. Por el lado socialista, el ex diputado autonómico y ex sindicalista Luis García -cerebro de la trama- y el ex alcalde de la localidad obrera de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, que vive en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Presuntos corruptos, pues, que han crecido y se han alimentado parasitariamente de la llamada sociovergencia, en los intersticios entre el sector público y el privado, pues también hay empresarios imputados.

Las grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil muestran, por otro lado, la catadura moral de los implicados, que se expresan en términos despectivos hacia otros políticos, dando una imagen bastante deplorable.

El caso Pretoria llueve sobre una sociedad ya mojada por el escándalo del Palau de la Música: un desvío de 35 millones realizado por saqueadores con aire de respetables padres (de la patria). La diferencia entre ambos sumarios ha sido la eficacia de la instrucción. La investigación del asunto Pretoria por la Audiencia Nacional ha sido muy completa, mientras que en el del Palau es la prensa la que marca la pauta desvelando lo que hay.

Ambos casos suponen una clara señal de alerta para CiU y PSC. La irritación provocada por estos escándalos explica más que otros motivos que suelen citarse el creciente desapego hacia los políticos de una ciudadanía que les paga con sus impuestos. Pero nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades. El corporativismo partidista exhibido (por ejemplo, dando cargos de responsabilidad hace un par de semanas a dos imputados en el caso Pretoria del Ayuntamiento de Santa Coloma), así lo atestigua. Solo se reacciona cuando los hechos trascienden a la opinión pública.

En medio de este panorama tan desmoralizador cabe destacar, sin embargo, que, según se desprende del sumario, los poderosos capos de la red Pretoria no lograron llegar a la cabeza del poder político. Las presiones que la trama ejerció sobre el presidente Montilla y los consejeros Castells y Nadal no surtieron efecto. Una muestra de que no toda la política es un lodazal, aunque en todos los partidos haya quienes se mueven en el barro como pez en el agua.