Alfredo de Miguel se había asegurado su vuelta a las empresas públicas Sprilur e IKT

El ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel (PNV), gozaba de dos excedencias forzosas en sendas empresas públicas a las que recurrió cuando tuvo que dimitir tras su imputación en un presunto caso de corrupción. De Miguel había blindado su vuelta a la actividad profesional en Araia Haraneko Industrialdea, dependiente de Sprilur, y en IKT, participada en minoría por el Gobierno vasco. En la primera, no fue admitido, pero recibió una indemnización de 22.000 euros; en la segunda, el gerente de esta sociedad pública dominada por las diputaciones gobernadas por el PNV le readmitió en un puesto que había abandonado en 2001. Al día siguiente, como adelantó EL PAÍS, De Miguel solicitó la baja.

Tellería, también del PNV y amigo de De Miguel, firmó la excedencia en IKT

En Sprilur no fue admitido, pero sí indemnizado con 22.000 euros

Poco después de que fuera obligado a dimitir por el diputado general de Álava, su compañero de partido, Xabier Agirre, Alfredo de Miguel acudió a Sprilur, sociedad pública dependiente de la consejería de Industria, para solicitar su regreso al puesto de gerente de Araia Haraneko industrialdea. Esta sociedad se encarga de la gestión de polígonos industriales en el ámbito de Amurrio, Llodio y el valle de Ayala.

El Departamento vasco de Industria le negó su regreso, aduciendo que su puesto de trabajo lo ocupaba ya otra persona. Fuentes de la consejería que dirige Bernabé Unda confirmaron ayer este detalle, así como que esta decisión se tomó bajo el concepto de despido improcedente. Alfredo de Miguel fue indemnizado, por tanto, en una cantidad que supera los 22.000 euros.

Pero el ex diputado foral contaba con otra baza en el ámbito de las empresas públicas vascas. El 14 de febrero de 2001 había solicitado la excedencia forzosa de IKT, sociedad vinculada a los departamentos de Agricultura de las diputaciones forales. Entonces, estaba al frente de la gerencia de esta sociedad el peneuvista Luis Javier Tellería, amigo personal de De Miguel, que le concedió esa excedencia aunque no era obligatorio porque el ahora imputado por corrupción se trasladaba a otra sociedad pública, dependiente de Sprilur.

Según ha conocido este diario, el procedimiento de solicitar la excedencia forzosa en los cambios de trabajo de una sociedad pública a otra era muy común en el anterior gobierno, sobre todo en el departamento de Agricultura y Pesca, que dirigía Gonzalo Sáenz de Samaniego. Hasta el punto de que en agosto de 2007, cuando es nombrado diputado foral, Alfredo de Miguel solicita que le confirmen las condiciones de la excedencia de IKT, que había solicitado seis años antes.

Así que, después de cobrar hace unas semanas la indemnización de 22.000 euros de Sprilur, De Miguel recurrió a IKT, por donde no había aparecido en nueve años, para poder solicitar la baja, lo que provocó la lógica indignación de los trabajadores de IKT, como ya adelantó este diario el pasado 20 de mayo.

De Miguel, por otra parte, ejerció como diputado foral en una situación de irregularidad, tal y como reconoció el martes pasado el teniente de diputado, Claudio Rodríguez. Según un informe de la Diputación, la secretaria general de la misma no reveló que en su declaración de bienes de 2008 De Miguel reconocía que era administrador único de Landaburu Etxea, S. A., empresa creada en abril de 2006 por quien era entonces secretario general del Araba Buru Batzar (ABB) para comprar la nueva sede del partido en la plaza de la Virgen Blanca, un inmueble valorado en seis millones. Landaburu Etxea Lo adquirió por 3,4 millones. Este cargo empresarial era incompatible con el de diputado foral, admitió Rodríguez.