El Supremo indaga en un curso de Garzón patrocinado por Cepsa

El vicepresidente del banco Santander y ex directivo de la petrolera Cepsa Alfredo Sáenz negó ayer en el Tribunal Supremo haber tenido conocimiento de que Cepsa hubiese colaborado en el patrocinio de un curso organizado por el juez Baltasar Garzón en Nueva York, en 2006, al tratarse de un asunto que no pasa por el consejo de administración, y dado que los consejeros no se dedican a "puntear" este tipo de subvenciones.

Sáenz fue citado por el juez instructor del Supremo Miguel Marchena, quien le interrogó sobre un nuevo patrocinio a un curso de Garzón, esta vez de la empresa Cepsa. Este patrocinio supone una novedad respecto a los hechos recogidos en la querella admitida por el Tribunal Supremo, que autorizó a investigar una supuesta petición de dinero de Garzón al banco Santander o a su presidente, Emilio Botín, para financiar dos cursos, meses antes de archivar una querella contra Botín, con el apoyo del fiscal y de la Sala Penal de la Audiencia.

Hasta la fecha, tanto la Universidad de Nueva York (UNY) como el presidente del Santander, Emilio Botín, y el directivo de ese banco Gonzalo de la Heras han asegurado categóricamente que "jamás" hablaron de dinero con Garzón ni este les pidió ningún patrocinio. Es más, el banco acaba de certificar, ante una orden conminatoria de Marchena, que el Santander "no ha realizado ningún pago a D. Baltasar Garzón Real, ni en las fechas indicadas en su requerimiento ni en ninguna otra".

Como el tema se les cae, los abogados querellantes han introducido ahora en la causa un nuevo patrocinio, esta vez de la petrolera Cepsa a otro curso del juez en Nueva York. Ahora se trata de sentar en el banquillo al juez por haber enviado una carta al presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, en diciembre de 2005, proponiéndole "contribuir" a un curso sobre terrorismo y seguridad. El abogado de Garzón, Enrique Molina, explicó que, en realidad, Garzón se limitó a redactar una nota de acompañamiento a una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad de la UNY, Karen Greenberg, en la que esta especificaba el presupuesto. El curso fue cofinanciado por el BBVA, Endesa, Caixa Cataluña y Telefónica, y Cepsa contribuyó con 100.000 dólares. Molina aseguró que Garzón nunca ha tenido asuntos de Cepsa en la Audiencia Nacional y en la documentación de esa compañía consta que la subvención fue entregada al Centro de Derecho y Seguridad de la UNY y no a Garzón.