San Lorenzo aprueba un centro comercial en una zona protegida

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP) ha aprobado la construcción de un polígono comercial dentro del perímetro de la Cerca Histórica de Felipe II, en el denominado Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid en junio de 2006.

El Consistorio de este municipio, de 17.889 habitantes, ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector SAU-2, que según la denuncia realizada por la Plataforma Ciudadana Escurialense consta de 440.000 metros cuadrados, "pese a que la ficha urbanística señala que el terreno mide 384.000 metros, por lo que creemos que se ha incluido suelo no urbanizable", explicó una de las portavoces de la plataforma, Magoga Piñas, que indicó que este territorio también está incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque de la Sierra de Guadarrama.

"Es vital para la economía y no es un centro comercial", afirma un concejal "El proyecto debe ser suspendido por ser Bien Cultural", dicen algunos vecinos

"El proyecto debe ser suspendido por ser Bien Cultural", dicen algunos vecinos

El "desfase" de la superficie promovida y "el incumplimiento" del decreto de la Comunidad por el que se declaró Bien de Interés Cultural, según la Plataforma, les han convencido para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de permitir el inicio de las obras."La declaración de un Bien de Interés Cultural prevalecerá sobre los planes y normas urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos planes y normas a las resoluciones o bien si estaban vigentes ajustarse también mediante las modificaciones oportunas", recuerda la portavoz de la Plataforma, consciente de que el Plan Parcial referente al polígono fue aprobado antes de la declaración del Bien de Interés Cultural, "por lo que tendría que ser modificado y el proyecto de urbanización debería quedar en suspenso".

Para los miembros de la plataforma el acceso planteado a lo que denominan "un macrocentro comercial" implica también la destrucción de 11 metros de la cerca, "en clara contradicción con lo establecido en el decreto que lo protege, que prohíbe la eliminación de partes del bien".

No obstante, reconocen que los empresarios que promueven este proyecto se han visto obligados por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid a recuperar toda la Cerca, "que es muy importante", indica Magoga Piñas.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Comunicación, Gonzalo Cuesta, defendió la importancia de esta iniciativa urbanística, al tiempo que negó que esta promoción sea un centro comercial, tal y como denuncia el colectivo ciudadano: "Este proyecto tiene más de 10 años. Es vital para la economía local y no es un centro comercial, sino que hay zonas industriales, de ocio y talleres". Asimismo, negó que haya un desfase de superficie con respecto a lo previsto en el plan parcial.

Finalmente, restó importancia al hecho de que la empresa encargada del proyecto de reparcelación sea Arnaiz Consultores, cuyo propietario, Leopoldo Arnaiz, fue llamado a declarar por la fiscalía en relación al tamayazo en 2003, que impidió la formación de un Gobierno de coalición entre PSOE e IU en la Comunidad de Madrid. El nombre de Arnaiz apareció en la investigación que se seguía sobre Francisco Bravo y Francisco Vázquez, los empresarios que pagaron la habitación del hotel en el que se refugió el ex diputado tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo, y cuya traición impidió la investidura del entonces candidato socialista Rafael Simancas.