¿Somos todos iguales ante la ley de verdad?

"Cada vez es más normal que todo sea muy raro, y ese es nuestro problema", me dice Juan Urbano mientras bebe su segundo café del día y señala con un dedo pesimista la página del periódico en la que se dice que el PSOE estudia un camino jurídico, que se adivina largo y lleno de curvas, para obligar al Gobierno de Esperanza Aguirre a que les deje mirarle el sótano a las cuentas del ex consejero Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel. Será así o de ninguna forma, porque si no lo manda un juez, la Mesa de la Asamblea regional, que controla el PP con una ferocidad de zorro a cargo del gallinero, no va a dárselas por las buenas, y a quién le importa que el mismo partido que en el Congreso exige con toda la energía del mundo que se le mire el patrimonio a José Bono, por ejemplo, aquí defienda justo lo contrario, igual que si la política consistiese en exigir transparencia al enemigo mientras tú tapias las ventanas de tu casa. ¿Se acuerdan de esa escena de Casablanca en la que Humphrey Bogart le está preguntando a Claude Rains por qué le cierra el local y, mientras, el policía le responde: "¡Qué escándalo, en este establecimiento se juega!", un empleado del casino se le acerca, le da unos billetes y le dice: "Comisario, sus ganancias de hoy...".

Sorprende la facilidad con la que en España se sitúa a muchas personas más allá de la justicia

Los socialistas quieren ir al juzgado porque creen que la intención oculta del PP es sentar un precedente que impida en el futuro que otros altos cargos regionales de más relevancia que López Viejo no puedan ser investigados, y su portavoz dice que "el PP juega con la baza de que los recorridos jurídicos son lentos y difíciles", sin darse cuenta de lo fácil que es resolver eso si sigues el método Garzón: sumas un magistrado del Tribunal Supremo, un sindicato ultraderechista y una vicepresidenta, y los tribunales van a toda máquina, se vuelven diligentes y, en menos que canta un gallo, te ponen a un juez de la Audiencia Nacional en la calle.

Pero más allá de eso, lo que a Juan Urbano le sorprende que no nos sorprenda es la facilidad con que en España se coloca a muchas personas más allá de la ley. "Porque nos dicen continuamente que a un montón de personas no se les puede enjuiciar porque tienen inmunidad parlamentaria, o como se llame, y lo aceptamos como si fuera la cosa más normal del mundo, cuando en el fondo es un disparate. Como lo es que un cargo público sospechoso de haberse quedado con lo que no era suyo, se pueda esconder en las esquinas de los juzgados y hacerse invisible a la justicia poniéndose el traje de diputado o de ex diputado, mientras que al resto de nosotros Hacienda nos puede poner boca abajo cuando quiera, para ver qué se nos cae de los bolsillos.

Voy a leerme otra vez la Constitución, a ver si dice que todos los españoles somos iguales ante la ley pero ella ante nosotros, no. Porque si no pone eso, habrá que añadírselo para que diga la verdad.

El PSOE pide las declaraciones del patrimonio y de la renta de López Viejo desde que fue nombrado en 2003, para comprobar si el chalé que utilizó como garantía del pago de la fianza impuesta por el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel, se financió con su sueldo de consejero o, como sospechan ellos, con dinero negro procedente de la trama, lo cual, de ser cierto, daría lugar a una paradoja entre ridícula y siniestra, porque es igual que si un atracador pudiera librarse de ir a la cárcel pagando su fianza con el mismo dinero que se llevó del banco pistola en mano. El PP se ha negado a facilitar esas declaraciones y si sumas dos y dos te sale blanco y en botella.

Juan Urbano y yo salimos de la cafetería en la que estábamos desayunando un poco malheridos por las noticias, como tantas mañanas, y mientras vamos hacia lo que aún queda de nuestros trabajos, tal vez estemos pensando lo mismo: que todos los caminos van a dar a la Gürtel, tanto si entras por la puerta del Tribunal Supremo como si entras por la puerta de la Asamblea de Madrid. Está más claro que el agua.