Reformas pendientes

En el verano de 2007, Zapatero dijo que la próxima legislatura -es decir, la actual- sería la de la reforma de la justicia. Después, las prioridades cambiaron. La crisis acaparó casi toda la atención política y la reforma de la justicia quedó una vez más aplazada, condenada a ser la eterna reforma pendiente de la democracia. Tres años más tarde resulta que dos tribunales de naturaleza distinta, el Supremo (última y máxima instancia de la jurisdicción) y el Constitucional, ajeno a la estructura judicial pero responsable de la interpretación de la Constitución y de las garantías jurídicas de los ciudadanos, están a punto de cargarse el pacto Constitucional y de organizar un conflicto político de envergadura. De modo que no solo queda claro que la reforma de la justicia es imprescindible y no debería seguir demorándose indefinidamente, sino que también hay razones para pensar que el Constitucional necesita algún reajuste.

Solo una dimisión colectiva enmendaría el papelón de los miembros del Constitucional

Así lo han entendido los partidos que forman el Gobierno tripartito catalán y CiU que van a presentar una propuesta de reforma de calado del Constitucional que acabe con los magistrados interinos, que marque plazos que impidan dilaciones en la resolución de los recursos que tienen efectos políticos colaterales graves, y que limite -por la vía de una mayoría cualificada- la capacidad del alto tribunal de cargarse una ley aprobada por la ciudadanía en referéndum. El alto tribunal va ya por su sexto proyecto de sentencia, lo que denota una alarmante incapacidad para cumplir su cometido. Solo una dimisión colectiva, corolario de desacuerdos sin solución, enmendaría el papelón de los magistrados, por lo menos moralmente. Al PSOE se le plantea un problema político complicado en un momento en que está atrapado en todos los frentes: votar la propuesta catalana o ver cómo 25 de sus diputados -los catalanes- abandonan la disciplina y les dejan en manos del PP. Lo que confirmaría una sospecha extendida en Cataluña: que el PSOE no tiene interés alguno en evitar un recorte a un Estatuto que nunca ha asumido como suyo, cuando en realidad es más suyo que de los partidos catalanes, que habían votado otro muy distinto en el Parlamento catalán.

Lo cierto es que una sentencia dentro de los márgenes previsibles, por lo que sabemos de los distintos borradores conocidos, abriría una brecha en el pacto constitucional, que en cierto modo ya se está viendo en la opinión pública catalana. Una encuesta publicada ayer en La Vanguardia, eleva los partidarios de la independencia al 37% y certifica el carácter transversal que tiene la propuesta de separación: un 35% de los votantes socialistas apoyaría la independencia. Con lo cual una vez más vamos a la misma cuestión de siempre: ¿Es función del Constitucional corregir los pactos políticos? Un Estatut no es más que un pacto político para definir el lugar y el papel de una comunidad autónoma en el conjunto de España. Cierto que hay responsabilidad del PP, al no respetar un pacto del que se autoexcluyó y denunciarlo ante el Constitucional. Pero este ha aceptado entrar en un juego que es dudoso que le corresponda.

Del caso Garzón lo que más choca es que no haya habido en el Poder Judicial nadie con autoridad y sentido común para parar este desatino. Desde luego el papel del presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, confirma que a Zapatero, una vez más, el PP le coló un gol entre las piernas, con la colaboración inestimable de la vicepresidenta Fernández de la Vega, omnipresente en estos líos.

Por lo demás, hay que distinguir dos niveles, el de las rencillas y rencores corporativos, digno de un manual de psicopatología de las pequeñas diferencias, y el político. En este último el PP arrasa: con la persecución de Garzón, avisa a los demás jueces sobre cuál puede ser su destino si se atreven a meterse con la corrupción del partido y consigue el gran objetivo de blanquear el franquismo, imponiendo su doctrina de que el régimen franquista solo debe ser objeto de estudio de los historiadores.

Con lo cual, el espíritu de la Transición salta por los aires. En el debate político, la palabra transición ha adquirido tal grado de autonomía que parece que se olvida que carece de sentido si no viene acompañada de la palabra democrática. Y en una transición democrática, como acaba de decir el Tribunal de Estrasburgo, no se puede negar el carácter de determinados crímenes políticos.

Dos tribunales ponen el pacto constitucional en solfa. Es lo que faltaba en plena crisis económica. Algunos dirán que es una estrategia de cortinas de humo de Zapatero para salir del mal paso en que se encuentra. Tengo la sensación de que es peor: es la falta de autoridad y de sentido institucional en algunos puestos clave de la estructura del Estado, empezando por la presidencia del Gobierno.