El TSJ valenciano investigará la denuncia contra una diputada por los disturbios de El Cabanyal
Un intendente de la Policía Local de Valencia acusa Monica Oltra de resistencia a la autoridad
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para hacerse cargo de la denuncia presentada por un intendente de la Policía Local de Valencia contra la diputada autonómica de Compromís Mónica Oltra por resistencia a la autoridad. Los hechos que denuncia el jefe policial ocurrieron supuestamente el pasado 6 de abril , cuando por orden del Ayuntamiento, y en contra de la orden del Ministerio de Cultura, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenó el derribo de varias fincas del barrio de El Cabanyal.
Vecinos y representantes políticos participaron en una protesta que acabó con la intervención de las policías local y nacional. Esta última tiene abierto un expediente sobre el caso. La sala ha acordado abrir diligencias previas y determinar qué ocurrió y si existió, como recoge la denuncia, una infracción penal por parte de la diputada autonómica, y por tanto aforada. Será el magistrado Juan Montero el que instruya la causa. Montero es el magistrado que ejerció el voto particular en el archivo de la causa de los trajes contra Francisco Camps que ahora ha ordenado reabrir el Tribunal Supremo.
El pasado 6 de abril fue una jornada tensa en El Cabanyal, el barrio sobre el que la alcaldesa de Valencia pretende ejecutar una acción urbanistica, la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a pesar de la especial protección con que cuenta la zona. Es Bien de interés Cultural (BIC). El contencioso lleva diez años en los tribunales.
El Ministerio de Cultura se pronunció el pasado año, a petición del Tribunal Supremo, determinando que se estaba produciendo expolio y aprobó una orden para evitar los sucesivos derribos. La Generalitat contestó con un decreto ley que pretendía amparar la actuación urbanística. El conflicto entre normas está por resolver, ha llegado hasta la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional. Los vecinos continúan reivindicando la rehabilitación del barrio frente a su destrucción.
El 6 de abril, el Ayuntamiento se propuso el derribo de una fnca en la calle de San Pedro. Y allí se produjeron los primeros incidentes. Más tarde, aquel mismo día, el derribo de otra vivienda en la calle de Vidal de Centelles concentró en la protesta a vecinos y políticos. Y es aquí donde, según el denunciante, la diputada Mónica Oltra "opuso gran resistencia a su traslado". La actuación policial de aquel día y los sucesivos ha llegado también a los tribunales. Varios vecinos denunciaron la brutal agresión policial.
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