El Consejo de Estado vuelve a rechazar la ley 'anti burka' de Sarkozy

El Consejo de Estado de Francia, alto órgano consultivo del país, volvió a rechazar ayer la ley contra el burka que el Consejo de Ministros francés tiene previsto examinar y enviar a la Asamblea Nacional el próximo miércoles. A juicio de los sabios de este Consejo, la ley, que multará con 150 euros a las musulmanas que vayan por la calle con el rostro tapado, carece de un "fundamento jurídico incontestable", por lo que es probable que un recurso la pueda tumbar una vez aprobada. En opinión de este organismo, cuyos dictámenes no son vinculantes, el texto presenta fuertes "incertidumbres anticonstitucionales".

No es la primera vez que el Consejo de Estado, órgano en el que figuran los ex presidentes Valéry Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, da la espalda a la prohibición del uso del burka como prenda de vestir por la calle. Ya lo hizo a finales de marzo, al emitir un informe a una consulta del primer ministro, François Fillon. La diferencia es que ahora han tenido ante sus ojos el texto concreto que el Consejo de Ministros tiene previsto examinar el próximo miércoles.

El Gobierno insiste

El Gobierno se lo esperaba. Así lo afirma una fuente próxima citada ayer por el diario Le Figaro, que es el medio que ha revelado el dictamen del Consejo de Estado. Esta misma fuente señala que el Gobierno continuará adelante con la ley a pesar de la opinión del organismo jurídico. "Han dicho que es contestable, no que sea imposible", asegura, por su parte, Jean-François Copé, portavoz parlamentario de la UMP, el partido de derecha conservadora de Sarkozy.

La intención del Ejecutivo es aprobar la ley en otoño. El Partido Socialista francés (PS) es más partidario de una norma que prohíba el velo integral sólo en los edificios públicos, no en la calle.

El mes pasado, la Cámara baja de Bélgica votó a favor de la ilegalización de toda vestimenta que oculte el rostro de las mujeres musulmanas cuando están en lugares públicos, por considerar que tal complemento realmente enmascara una condición de esclavitud para determinadas integrantes de la sociedad. La ley, que fue aprobada con tan sólo dos abstenciones, debe aún pasar por la votación correspondiente en el Senado.