Educación "no tiene policía"
El decreto de convivencia de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana que regula las expulsiones de los centros educativos no estipula qué hacer cuando esa sanción se incumple. "No hay instrumentos que garanticen que un alumno expulsado no regrese, confiamos en la buena voluntad de los padres", admite Vicent Baguetto, de la Permanente de Directores de la comunidad. "Las competencias no están claras", agrega. Laura Oliva, directora y portavoz del colectivo en la provincia de Alicante, cree que "lo lógico es llamar a la policía, no se puede permitir que un alumno expulsado regrese". Según los directores consultados, la norma valenciana "es mejorable ya que presenta algunas lagunas". Fuentes del IES Castalla recuerdan que la Guardia Civil acude por orden judicial o en caso de altercado público, y la Policía Local por orden del alcalde en caso de alteración del orden público. "Al final, unos por otros, nadie es capaz de hacer cumplir la orden de expulsión", se lamentó un docente. José Antonio Martínez, presidente de la federación estatal de directores de instituto (Fedadi), pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde existen agentes tutores de la Policía Local que se encargan de actuar en estos casos para evitar conflictos.
Un portavoz de la Consejería de Educación de Valencia explicó que en el caso del instituto de Castalla el protocolo de actuación "se aplicó correctamente". "Si a un alumno se le expulsa no debe volver, y si lo hace hay que llamar a las fuerzas de seguridad. La Administración no tiene policía", dijo.
