La viudedad se limitará en generaciones futuras

Uno de cada cuatro pensionistas en España percibe una prestación de viudedad. Aunque este colectivo ha permanecido relativamente estable en los últimos 10 años, los viudos -mujeres en un 90% de los casos- constituyen un pilar fundamental en el sistema de pensiones. En un momento en que los poderes públicos debaten una reforma en el sistema que garantice su equilibrio futuro, las pensiones de viudedad, la mayoría vitalicias e independientes de la renta del beneficiario, se enfrentan a modificaciones.

Tanto los políticos como los expertos extreman la cautela en este terreno por temor a la impopularidad. Saben que las viudas perciben en general prestaciones muy bajas (570 euros al mes de media) y que muchas de ellas subsisten sólo con esos ingresos. Pero la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral en los últimos años obliga a repensar esta figura para adaptarla a los nuevos tiempos.

Casi todos los países europeos fijan límites de ingresos, edad o descendencia

"Queremos diferenciar mucho la pensión de la persona que no tiene ingresos propios y mejorar la de orfandad", avanza Isabel López i Chamosa, portavoz socialista en el Pacto de Toledo y gran conocedora del colectivo de viudas. Se trata, según ese planteamiento, de otorgar mejores pensiones a quienes carecen de otro medio de vida y reducirlas para quienes tengan ingresos propios. A cambio, eso sí, de incrementar la prestación de orfandad, que es excesivamente baja (349 euros al mes).

España constituye una excepción europea al conceder la pensión de forma casi indiscriminada. La disfrutan los viudos cuyo cónyuge cotizó un mínimo de 500 días en los últimos cinco años y es compatible con otras pensiones (hasta un máximo, eso sí, de 2.466 euros), con rentas del trabajo y de cualquier otro tipo. Sólo es temporal si el matrimonio duró menos de un año y no existen hijos; en caso contrario se otorga de por vida. Desde 2008 cubre también a parejas de hecho, bajo unos criterios de convivencia y de ingresos.

Aunque los requisitos son laxos, la cuantía es reducida. En general supone un 52% de la base reguladora (70% si hay hijos o ingresos muy bajos). Justo lo contrario de lo que ocurre en otros países, donde las prestaciones son mejores pero no se conceden indiscriminadamente. Sólo Irlanda se asemeja a España, con un único requisito para recibir la pensión: que el superviviente no viva con otra persona. En países mediterráneos que inicialmente tenían una regulación similar a la española, como Grecia, ha habido reformas que vinculan las nuevas pensiones a los ingresos del superviviente. También en Francia e Italia está ligada a ingresos y en Alemania, a la edad del superviviente y a la existencia de hijos.

Esa es la idea que plantea el Gobierno para las viudas futuras: vincular la pensión a ingresos u otorgarla de forma temporal para las personas jóvenes, una especie de seguro de transición hacia su nueva situación. "Habría que adaptar la pensión a las nuevas realidades. Hay que entender que los derechos son propios, no funcionan con los de otra persona", reflexiona Susana Barcelón, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Esos cambios requerirían, en primer lugar, mejorar las pensiones de orfandad para evitar que el colectivo más vulnerable, los hijos, quede desprotegido. El Colectivo de Viudos y Viudas en Activo de Cataluña, reclama que esa pensión se extienda hasta los 26 años (frente a los 21 actuales) y que se pueda compatibilizar con algún pequeño trabajo. La presidenta de esta asociación, Lluïsa Pradell, insiste además en la penalización fiscal que sufren quienes perciben salario y pensión de viudedad. En el IRPF, ambos ingresos tributan como rentas del trabajo, lo que eleva la carga fiscal sobre un solo contribuyente respecto a la que existía cuando vivía el otro cónyuge. "Los gastos (hipoteca, escuelas...) son los mismos y sin embargo pagamos más que cuando vivía el cónyuge", se queja Pradell, que reclama que cada renta tribute por separado o que la prestación quede exenta de tributación.