Zabaleta reclama la Inspección de trabajo antes de la visita de Zapatero
Chaves pide al PNV que no obstaculice los traspasos al Gobierno López
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, víctima directa de la paralización el otoño pasado del traspaso de las políticas activas de empleo, que esperaba tener en sus manos desde el 1 de enero, revalidó ayer la reclamación, formulada ya en febrero por el lehendakari, de la transferencia de la Inspección de Trabajo. En este caso ni siquiera está aún abierto el proceso de negociación con la Administración central, pero Zabaleta la esgrime en cada intervención que realiza sobre siniestralidad, calidad de empleo, fraude, contratación irregular o desigualdades.
La materia está adscrita al Ministerio de Trabajo. Las dificultades estriban en conciliar "el indiscutible derecho de la comunidad autónoma a controlar el mercado laboral", en palabras de la consejera, con la gestión y el funcionamiento de la Seguridad Social, competencia del Estado. "Necesitamos la Inspección de Trabajo en esta legislatura", recalcó.
El vicepresidente fija para septiembre el acuerdo en políticas activas de empleo
Zabaleta habló así en el marco de las jornadas del Comité Europeo de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, que se prolongan hoy. También coincidió con la visita ayer a Vitoria del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Políticas Territoriales, Manuel Chaves, y la prevista el domingo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que intervendrá junto a lehendakari, Patxi López, en la Fiesta de la Rosa.
La consejera no hizo, sin embargo, ninguna alusión a las políticas activas de empleo, a las que sí se refirió el vicepresidente Chaves. Lo hizo para anunciar el cierre de la negociación "en las próximas semanas" o a lo sumo, "meses". "Esperamos tener un acuerdo en septiembre, que será absolutamente respetuoso y escrupuloso con el Estatuto de Gernika y se hará en el marco del Cupo y del sistema del Concierto Económico", dijo. Ese mes, cuando vence el plazo impuesto por el PNV, se ha convertido en la nueva referencia temporal, una vez que el 1 de enero pasó a la historia tras ceder el Gobierno central al veto exigido por ese partido en la negociación presupuestaria del otoño pasado.
Chaves emplazó precisamente al partido que dirige Iñigo Urkullu a que "no interfiera ni ponga obstáculos o dificultades" al traspaso. Respondió con esa petición a la pregunta sobre su supuesta desautorización personal, toda vez que fue él mismo, junto al lehendakari, quien fijó la fecha fallida.
El ministro obvió el hecho de que el PNV ya ha anunciado que seguirá manteniendo su aspiración de que el traspaso se realice en las condiciones de competencia y financiación exigidas durante los treinta años anteriores por sus gobiernos, y de que el desenlace dependerá de que la otra parte, el Gobierno central y su grupo en el Congreso, vuelva o no a ceder.
Chaves hizo un cierto roto en el discurso del Gobierno de López, que culpa desde el año pasado al PNV por su veto. "El problema es que el 1 de enero no habíamos llegado a un acuerdo. Quizá pudimos no calibrar bien en un primer momento la complejidad de la negociación", admitió. En todo caso, el ministro rechazó "mirar al pasado" o "a lo que habría podido ocurrir el 1 de enero" ni quiso tampoco "buscar responsabilidades" por los treinta años que lleva pendiente la materia. "Miro al futuro y tengo convencimiento pleno de que en septiembre tendremos acuerdo", remachó.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, denunció que la cuestión esté "paralizada". "El Gobierno habla mucho del veto del PNV, pero a día de hoy todavía no conocemos la carpeta de la transferencia", reprochó.
Órgano bilateral
Consciente de las dificultades, Gemma Zabaleta propuso, como modo de salvar el choque con la Administración central en la Inspección de Trabajo, "un órgano de cooperación" entre ambas "que delimite la capacidad de decidir en cada materia". Lo que el Gobierno quiere es mover el bloque sociolaboral del Estatuto. La crisis le impele a reclamar instrumentos valiosos en la lucha contra su peor efecto, el desempleo, en el caso de las políticas activas, y para el cumplimiento de las reglas de juego en el ámbito laboral, en el caso de la inspección.
La herramienta, y la proximidad entre la mano que la esgrime y quien se sabe objeto de su vigilancia, son aún más importantes para el Ejecutivo, cuando la escasez de trabajo facilita la vulneración de esas reglas sobre unos trabajadores acuciados por la necesidad. "Estamos hablando de los principios legales, normas, órganos, funcionarios y medios materiales" que pueden "estrechar el cerco al fraude, cortar irregularidades que hacen víctimas a los trabajadores, frenar la discriminación y la desigualdad y luchar contra la siniestralidad", razonó Zabaleta.
