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Una divorciada saca a sus hijas de España gracias a un error judicial

Un juez prohibió la salida de las niñas del país y requisó los pasaportes, pero la orden no se comunicó a la policía - La madre logró los duplicados

Ingrid y Emma, de 10 y 12 años, llevan mes y medio en el extranjero, probablemente en Estados Unidos, sin billete ni fecha de vuelta. El mismo tiempo que Francisco José Iborra, su padre, lleva sin saber nada de ellas. Lusiane Almeida, brasileña nacionalizada española de la que se divorció en 2006, se embarcó con las pequeñas en un avión en marzo saltándose la orden judicial que prohibía a las menores abandonar el país. El juez requisó el pasaporte de las niñas y emitió una orden, en julio de 2009, para comunicar la medida al Cuerpo Nacional de Policía. El aviso se perdió por el camino: la mujer pidió y obtuvo este marzo un duplicado de los mismos pasaportes, que siguen requisados en poder del juez.

El padre sigue pagando la pensión para conservar el derecho a verlas

"Estamos en Houston", dijo Almeida a modo de despedida a su ex marido, después de advertirle que no se molestara en recoger a las niñas en el colegio porque no las iba a encontrar allí. "Sabía que quería llevárselas, pero no contaba con una justicia surrealista", dice Iborra mientras frota con el índice los retratos en que sus hijas sonríen, posan, le abrazan. El magistrado ha dictado ahora una orden de detención internacional contra la madre por desobediencia grave y los Mossos d'Esquadra han requerido a la Interpol que localice el paradero de la mujer.

"Sí, este formulario debió de haberse enviado a la policía", recuerda Iborra que dijo el funcionario al percatarse de que la orden judicial se traspapeló entre los cajones. El juez mandó notificar a la Policía que se prohibiera la expedición de nuevos pasaportes de las niñas para evitar que a alguien se le ocurriera burlar la decisión judicial. Ocho meses después, la madre tuvo esa idea. Entró en la comisaría de Tarragona con las dos hijas y salió con los pasaportes. Horas más tarde cruzaba la frontera francesa y esa misma noche se subió con las niñas en un avión, según el relato que la mujer hizo a su ex marido.

La base de datos judicial refleja que la orden se transmitió en su día a las autoridades, pero la sorpresa del funcionario llegó al examinar la documentación de la causa. La orden, en realidad, siempre estuvo allí, perdida entre los legajos de una carpeta. La Policía Nacional sólo tuvo constancia del mandato cuando Iborra denunció el viaje de su ex mujer.

"Así que el error ya no se volverá a repetir", se consuela mordaz el padre, pese a la total incomunicación con las niñas. "Les envío correos electrónicos pero nadie contesta. Ella no debe dejarlas, las ha aislado de mí y de todos. La familia materna de las niñas también está en España. Y nadie sabe cómo contactar con ellas", dice.

El inexplicable error arroja a Iborra a un embrollo que puede implicar perder el rastro de sus hijas definitivamente. La sentencia de divorcio otorgó la guardia y custodia a la madre y prohibía que las hijas salieran del país sin autorización paterna. Almeida, casada con un brasileño el año pasado, insistió en llevarse a las menores al extranjero, y entre los padres se inició una cascada de denuncias, apelaciones y contraacusaciones. La farragosa batalla judicial ha culminado en un proceso para retirarle la custodia a la madre que exige a Almeida su presencia en el juzgado antes del próximo día 12. "Soy realista: no se arriesgará a volver. Si lo hace, será detenida. Si no, nadie la encontrará. Me darán la custodia pero mis hijas seguirán a miles de kilómetros y aquí no ha pasado nada", augura Iborra.

Si la Interpol encuentra a Almeida, el juez decidirá entonces si pide su detención, una medida que fuentes de la fiscalía consideran "improbable" dado el delito "menor" que se le imputa a la madre. "Si el juez no considera que se trata de sustracción de menores no se llegará hasta el extremo de movilizar a la Interpol", consideran estas fuentes.

"Mi ex mujer ha incumplido todas las sentencias y no le pasará nada. Yo sigo pagándole una pensión de 630 euros para conservar el derecho a verlas". Iborra dice que sólo vive al día y que confía en ver a sus hijas antes del próximo cumpleaños, en septiembre. "La justicia funciona fatal, todo este caos es culpa suya. Pero sigo estando en sus manos. Si no pienso así, pierdo la cabeza".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de mayo de 2010