La fuerza de la disuasión

Como durante la guerra fría, el arsenal y los poderes de cada potencia en juego se han revelado, en relación con la incógnita inicial sobre la posición que adoptarían las tres diputaciones, en manos peneuvistas, ante la llegada del PSE al Gobierno, como la mejor garantía de paz. En este caso, institucional.

Ha habido y hay escaramuzas: financiación del metro nada más empezar, bloqueo en la actuación por el escándalo del Guggenheim o confrontación de proyectos por el de Urdaibai, o, ahora mismo, el recurso a la Comisión Arbitral contra la Ley de Publicidad Institucional.

Se han producido también intervenciones políticamente incorrectas hacia el lehendakari, Patxi López, o sus enviados en actos públicos, sobre todo por parte del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. En otro terreno, están las reiteradas ausencias del presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, de convocatorias a las que sí asisten los máximos responsables de las otras dos cajas. Sin embargo, en lo fundamental la colaboración se ha impuesto. Los poderes de las diputaciones, no pocos, sobre todo en materia fiscal, se han sometido al juego establecido, al menos en lo que se conoce (quien primero llega al dinero siempre tiene un plus de información y maniobra). En el seno del Consejo Vasco de Finanzas, el reparto de los recursos o el endeudamiento de cada cual, las cosas han funcionado.

Las escaramuzas entre instituciones no han impedido los acuerdos básicos

La disuasión ha jugado su papel con toda su fuerza: las diputaciones pueden hacer daño al Gobierno, pero éste también puede causárselo a ellas. Y cualquier choque sólo puede traducirse en perjuicio de país o en bloqueo de asuntos que pueden salir adelante únicamente si ambas partes caminan juntas.

Un tercer ingrediente ha sido preciso, y jugado un papel decisivo, para que las hostilidades no hayan sobrepasado los límites de esa guerra fría. Podría haber ocurrido de no haber mediado la necesidad de los peneuvistas del concurso del partido del Gobierno, que sí tenía garantizadas sus cuentas, para dotarse de presupuestos, en el caso de Vizcaya a través de la abstención y en el de Álava del apoyo activo. El reto será el retrato que deberán sacarse al decidir sobre los impuestos para el sostenimiento del costoso sistema de servicios sociales.