Los sindicatos temen el cierre de los astilleros de Sevilla y Huelva

Tan crudo fue el resultado de la reunión sobre la crisis de los Astilleros de Sevilla y Huelva celebrada el pasado viernes, que ni los sindicatos quisieron desvelar lo ocurrido en la sede de la nueva macro-consejería económica de la Junta. UGT y Comisiones Obreras se emplazaron a hoy lunes para dar una explicación. Y es que la auditoría realizada sobre ambas sociedades ha desvelado que las atarazanas de Sevilla y Huelva se han quedado sin línea de flotación y están abocadas a un cierre inminente ante su grado de hundimiento. Algo que ya ocurriera con sus gemelas de Gijón (Juliana) o Manises, privatizadas por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) hace cuatro años junto a las andaluzas.

"Necesitamos un mirlo blanco para mantenernos", dice una fuente sindical

Una fuente sindical fue muy gráfica el viernes al valorar la situación. "Necesitamos un mirlo blanco que aparezca en el horizonte para mantener la actividad de los astilleros, porque ni las administraciones han comprometido su apoyo, ni la industria auxiliar está dispuesta a condonar la mitad de la deuda, ni Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) va a poner más dinero, ni los armadores creo que estén dispuestos a retirar sus reclamaciones y a poner más pasta encima de la mesa".

Esa es la realidad que se cierne de plano sobre los astilleros. Un cierre regulado con ERTES y ERES planteados a la Administración autonómica, quien tampoco tiene claro si podrá hacerlos efectivos. Los acuerdos SEPI-Izar de 2006 contemplaban ayudas adicionales de la Junta de Andalucía, en caso de que la privatización fuera al traste y hubiera que cerrar asumiendo los despidos. Es decir, que la Junta debería ahora aportar fondos para las indemnizaciones de los trabajadores, algo que con los recortes presupuestarios previstos para junio está más que comprometido.

Y es que mientras en La Cartuja se celebraba el viernes la reunión multilateral (Junta, sindicatos, Industria y Pymar), en la sede de Astilleros algunos trabajadores comenzaban a firmar los expedientes de regulación de empleo. La reunión acabó en un fiasco tal que ni los sindicatos fueron capaces de reaccionar. En la mesa se volvió a plantear la gravedad de la crisis de ambas factorías y la dificultad de su viabilidad. La necesidad de 170 millones de euros públicos parece además de difícil encaje tanto por la paupérrima situación de las arcas autonómica o nacional como por las restricciones de la UE, salvo que se desprendan del Fondo de Reestructuración del Sector Naval.

Por otro lado, parece poco probable que los armadores de los barcos comprometidos por el astillero de Huelva estén dispuestos a aportar más fondos de los inicialmente pactados. Y los 60 millones de euros necesarios para acabar los dos buques C485 y C486 se antojan difíciles de arrancar tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Industria.

En el caso de Sevilla, con el transbordador de Vinking Line a punto de acabarse (estaba comprometido para el verano de 2009), la solución no es menos difícil de alcanzar, y algunos operarios de la planta sevillana se preguntaban el viernes si acabarían regalándoselo a la naviera finlandesa para su ruta con el Este de Suecia.

La hoja de ruta que ahora mismo está encima de la mesa pasa por una inyección de 30 millones de euros y las garantías de que Pymar seguirá aportando su financiación anual a la atarazana sevillana, además de garantizar una aportación de otros 20 millones de euros.

Pero eso no es suficiente. Los nuevos gestores plantean la necesidad de que una entidad financiera, que garantiza en la actualidad algunos contratos, aporte otros 13 millones de euros. Y, como guinda final, que los acreedores del astillero sevillano realicen una quita de 38 millones de euros, más o menos el 50% del total, algo que se antoja casi imposible de lograr.

De esos 38 millones de deuda con acreedores, más del 60% corresponden a deudas contraídas con la industria auxiliar, asfixiada económicamente por los impagos reiterados durante los últimos cuatro años, y que podrían iniciar en cadena una sucesión de cierres y despidos.