Solidaridades catalanas

La resolución del Parlamento catalán para impedir que la actual composición del TC se pronuncie sobre el Nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 trae a la memoria otros conflictos históricos de los cuerpos representativos del Principado con las instituciones del Estado. Durante la Restauración, el malestar ciudadano y la militarista ley de jurisdicciones de 1906 dieron lugar a la coalición electoral Solidaridad Catalana (formada por nacionalistas, republicanos y carlistas), que arrasó en las legislativas de 1907. Durante la II República, las secuelas de la sentencia dictada en 1934 por el Tribunal de Garantías Constitucionales contra la ley de cultivos del Parlamento catalán debilitaron los vínculos de lealtad entre la Generalitat y el Estado; Diego Martínez Barrio reflexionó a este propósito en sus memorias sobre el error de entregar a los juristas la resolución de los problemas políticos.

El Parlamento catalán quiere impedir que la actual composición del TC se pronuncie sobre el Estatuto

Tras la aprobación el 30 de septiembre de 2005 por el Parlamento catalán de un maximalista Estatuto incompatible con el Estado de las Autonomías, el Gobierno de Maragall invocó unas imprudentes palabras pronunciadas en 2003 por el entonces líder de la oposición (Zapatero se comprometió a endosar íntegramente la reforma estatutaria del Parlamento catalán si alcanzaba el poder) para exigir la validación íntegra de ese texto por las Cortes. Concebido tal vez ese proyecto como una oferta táctica destinada a ser negociada en el Congreso para encontrar un punto intermedio en el camino con los partidos de ámbito estatal, sus excesos inconstitucionales y confederales hicieron sonar las alarmas. Los populares dieron una patada a la mesa y anunciaron la inminente ruptura de España; el Estatuto dividió también las filas socialistas.

Aunque la Comisión Constitucional del Congreso -con la presencia de una delegación del Parlamento catalán- trató de adecuar el proyecto estatutario a la norma fundamental, el híbrido resultante fue un monstruo jurídico del Doctor Frankenstein constitucionalmente epiceno. El preceptivo referéndum de ratificación celebrado en Cataluña aprobó en junio de 2006 el Estatuto con una desahogada mayoría y una baja participación, sembrando así la semilla de un potencial conflicto entre el principio democrático del voto popular y el principio jurídico-constitucional del Estado de derecho.

Aunque el recurso de inconstitucionalidad presentado hace casi cuatro años por el PP no ha sido todavía resuelto, el fracaso de la quinta ponencia del TC hace suponer que incluso la sentencia más benévola recortaría la integridad del Estatuto. A fin de impedir esa resolución desfavorable, el Parlamento catalán aspira a modificar la actual composición del TC mediante la renovación de los magistrados fallecidos (uno) o con mandato concluido (cuatro en este momento y otros tres el próximo 30 de octubre), la modificación de su ley orgánica y la declaración por el alto tribunal ya renovado de su falta de competencia en la materia. Pero esos remedios o llegan demasiado tarde o son inviables.