La Comunidad impide a dos diputados del PSM ejercer su labor

Más de un año lleva el diputado socialista José Cepeda intentando consultar los expedientes por los que se adjudicaron en 2009 las concesiones de la televisión digital terrestre local y de 21 emisoras de radio en FM, que fueron polémicas porque pusieron la mayoría de los nuevos medios regionales en manos de empresas afines al Gobierno de Esperanza Aguirre.

Después de un largo proceso de peticiones oficiales, Cepeda tenía ayer cita en la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo autonómico, para poder examinarlos. Pero se le impidió la entrada porque acudió acompañado de otra compañera de escaño, Livia Castillo. El personal que recibió a Cepeda argumentó que podía acceder junto a otra persona, pero no una parlamentaria. El lunes volverán a intentarlo.

Los socialistas pidieron consultar la documentación en abril de 2009

El calvario burocrático comenzó en abril de 2009. Entonces, la Asamblea de Madrid dio luz verde a la petición para acceder a los expedientes. El Gobierno regional está obligado, según el Reglamento de la Cámara (artículo 18), a facilitar a los diputados de la oposición toda la documentación que requieran para ejercer su labor en un plazo no superior a 30 días. Pero el tiempo pasó.

En la Asamblea continuó un baile de documentos: peticiones de amparo a la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez; acuerdos de la Mesa de la Cámara insistiendo al Gobierno regional en que debía presentar la documentación... Hasta que, por fin, el pasado 1 de marzo, la Asamblea permitió al Ejecutivo acogerse al artículo 18.3 del Reglamento, que permite que sea el diputado el que se desplace hasta el edificio de la Administración regional donde se guarda la documentación. Se hace por el volumen del expediente, que impide supuestamente que se le envíe al parlamentario. Entre otras cosas, porque en pleno 2010 la Administración regional funciona en soporte de papel.

Cepeda creyó ver la luz el 4 de marzo. Ese día recibió una comunicación que le indicaba que se pusiera en contacto con Vicepresidencia -el área del que dependen los expedientes solicitados- y le facilitaba un número de contacto. Pero en él, la asesora parlamentaria de dicha consejería se limitó a solicitarle que esperara a que le comunicaran día y hora.

Pasó más tiempo. Cumplido un año de su petición, el diputado decidió plantar batalla. Y comenzó a enviar un fax diario a la asesora, solicitándole una fecha. Pasaron dos semanas. Recibió incluso una llamada de la consejería en la que se le pedía que no utilizara más ese número, porque "bloqueaba el fax", recuerda Cepeda. Le dieron otro. Insistió. Hasta que, por fin, la semana pasada, logró una cita. Y ayer se presentó a la hora establecida: el mediodía. Iba acompañado de otra diputada. Les impidieron el paso.

Cepeda esgrimió el Reglamento, que indica que el diputado que acude a consultar un expediente "podrá actuar a tales efectos acompañado de personas que le asistan". Por tanto, tiene derecho a elegirlas. No hubo manera. "Por lo visto, no es una persona, es diputada", ironizaba ayer el parlamentario, que explica que, según los propios funcionarios, los expedientes que debe consultar ocupan medio millón de folios. "Me han dicho que están en treinta y tantas cajas", asegura. Como los parlamentarios no estaban dispuestos a marcharse sin una justificación por escrito lograron, tras esperar dos horas, que los recibieran. "Ya eran las dos de la tarde, los funcionarios se iban... y, al final, nos han dicho que volvamos el lunes", explica Cepeda. "Nos parece intolerable que, después de estar más de un año solicitando este expediente, se nos impida por una interpretación ridícula del artículo 18.3".

El diputado sostiene que las trabas se deben a la intención de ocultar cómo se adjudicaron las concesiones. "Esperanza Aguirre ha establecido un modelo de control estricto de los medios, que ha generalizado en ellos el viejo estilo Alcázar", asegura.

Una portavoz de la Comunidad de Madrid explicó que cada diputado que pide consultar el expediente debe pedir el permiso de la Mesa de la Asamblea. "No es una decisión del grupo parlamentario", justificó. "Se entiende que cuando el Reglamento de la Asamblea habla de personas se refiere al personal de apoyo al diputado". Por tanto, agregó, Livia Castillo debía iniciar el proceso de nuevo para poder ver el expediente.

Preguntada sobre la base jurídica de esta interpretación, la portavoz admitió que se trata de la manera de actuar del Gobierno regional, pero que no se basa en una resolución de la Mesa de la Asamblea o similar. También recordó que el lunes los diputados podrán acceder a los documentos. La misma promesa que estos esperan desde abril de 2009.