El PP pontevedrés incumple su código ético con tres alcaldes imputados por corrupción

Rafael Louzán, presidente provincial del PP en Pontevedra, apoya explícitamente la continuidad de tres alcaldes -los de Gondomar, en la sombra, Tui y Portas-, con imputaciones o condenas judiciales en primera instancia por delitos que les impedirían continuar en el cargo, según el código ético incorporado a los estatutos del propio partido y el más reciente de buenas prácticas, aprobado en la vorágine del caso Gürtel y que ya ha tenido consecuencias disciplinarias para sus imputados. Louzán, sin embargo, insiste en esperar a que haya sentencias firmes en los procesos de sus alcaldes.

Carlos Silva, ex alcalde de Gondomar, fue condenado en diciembre de 2008 a 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística; la sentencia está pendiente del fallo de la Audiencia Provincial, ante la que fue recurrida. Silva volverá a sentarse en el banquillo el próximo 20 de mayo para responder de un delito de falsedad documental por certificar obras ilegales. Fracasada su tentativa de volver a la alcaldía con la moción de censura al nacionalista Antón Araúxo, ejerce en la sombra la dirección del gobierno de tránsfugas, del que es concejal, y a mayores fue compensado con un puesto de dedicación exclusiva en la Diputación Provincial.

A Carlos Silva se le compensó incluso con un puesto en la Diputación

El alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, apoderado de la inmobiliaria de su hijo, Provitui, hegemónica en el ayuntamiento, está imputado por un juzgado local de cinco delitos (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico) por su actuación como alcalde en la tramitación de operaciones de la inmobiliaria. Fue el propio Núñez Feijóo, cuando era conselleiro de Política Territorial, quien destapó el asunto, pero tanto él como Louzán esperan a la sentencia de la Audiencia Provincial para mover ficha.

Roberto Vázquez, en fin, alcalde de Portas, ha sido recientemente condenado a un año de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios: utilizó dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos públicos. También está pendiente de juicio por un presunto delito fiscal.

El código ético del PP, de 1993 y cuyas disposiciones fueron incorporadas a los estatutos del partido, compromete a sus militantes, entre otras cosas, a "no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas". Papel mojado en Pontevedra, como la exigencia de responsabilidades políticas cuando "de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". La dirección del PP pontevedrés, consultada por EL PAÍS, se enroca en el requisito de sentencia firme antes que someterse a la ética oficial del partido.