Feijóo aparca su doctrina de campaña

En el tramo final de la legislatura pasada, el PP presentó en un juzgado de Santiago una denuncia por la vía penal -basada en un informe de Agustín Hernández y que firmaba el tesorero Luis Bárcenas-, contra la adjudicación de la autovía del Barbanza aprobada por la Consellería de Política Territorial de María José Caride. Bastó con que el juez decano de Santiago, Javier Míguez Poza -viejo conocido del PP, casado con una de sus concejales en Ames- aceptase a trámite la denuncia en febrero de 2008 con un auto incendiario, de tres folios, que imputaba a cuatro funcionarios de la consellería y advertía de "numerosos indicios de delito". El PP, con su presidente a la cabeza redobló la campaña contra el bipartito y exigió a Touriño que apartase de cualquier contratación a Caride. Según los populares, el bipartito estaba "lleno de imputados por prácticas corruptas", singularmente "la mitad de la consellería de Caride".

A medida que se acercaban las autonómicas, las acusaciones subieron de tono hasta que, en septiembre de 2008, Feijóo habló directamente de "adjudicación amañada a empresas amigas" y pidió directamente la dimisión de Caride.Pasadas las elecciones, con Feijóo de vuelta en la Xunta, Míguez Poza archivó esa causa, que ni siguiera llegó a juicio. Empezaron entonces los líos judiciales para el PP, que cambió radicalmente de discurso: Feijóo ya no cree que haya que adoptar disciplinas contra sus imputados.