Ciudadano ni ni ni

Es un ciudadano ni ni ni. Ni está detenido, ni es ilegal, ni está acusado de nada. Sin embargo, Walid Ibrahim Mustafá Abu Hijazi, el palestino de 30 años que estuvo los últimos ocho preso en Guantánamo y que es el primero de los cinco reclusos que el Gobierno español ha aceptado acoger para colaborar a que Barack Obama pueda cerrar el penal de la base estadounidense en Cuba, se encuentra en paradero desconocido para su familia y para el abogado que ésta ha contratado, y no puede abandonar territorio español. No se conocen las condiciones del compromiso alcanzado con Estados Unidos, ni si Abu Hijazi podrá retornar algún día a su patria.

Decía Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana con el presidente Bill Clinton, que "los derechos humanos son la base de nuestra existencia" y "la responsabilidad de protegerlos está por encima de la soberanía". Luego, George W. Bush alcanzó la presidencia y, tras los ataques contra las Torres Gemelas, puso en práctica esos principios con algún matiz más o menos insignificante, como la excusa de las falsas armas de destrucción masiva para declarar la guerra a Irak, los abusos en la prisión de Abu Ghraib, los vuelos y cárceles secretas de la CIA, y el limbo jurídico de Guantánamo. Son vulneraciones del derecho internacional de las que la comunidad de naciones no se ha repuesto. Ahora, Obama, con los acuerdos con países de la Unión Europea para excarcelar a los presos y cerrar este penal, está en la buena dirección para recuperar el prestigio perdido por Estados Unidos.

Abu Hijazi no está detenido, ni en situación ilegal, ni acusado de nada

Entre tanto, Abu Hijazi, destrozado anímicamente tras ocho años de reclusión y torturas -"las heridas que no se ven son más dolorosas que las que se pueden ver y curar por un médico", decía Nelson Mandela-, ya lleva algo más de un mes en España. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en el Senado que el palestino se encuentra bajo el paraguas de la Ley de Extranjería, aunque más parece que hubiera pasado del limbo jurídico de Guantánamo -donde era considerado "combatiente ilegal" para no aplicarle el Convenio de Ginebra sobre presos de guerra de 1949- a otro en el que, sin tener abierto ningún proceso ni haber entrado ilegalmente en el país, ve limitados derechos y libertades que la Constitución y otras leyes otorgan a los extranjeros que se hallan en España.

Dijo el ministro que a Abu Hijazi se le va a enseñar español y un oficio para que pueda ganarse la vida, pero sin facilitar su identidad ni el lugar del norte donde se encuentra por su propia seguridad. Sin embargo, su familia, según explica el abogado que ha contratado en España, tampoco lo conoce, aunque Abu Hijazi haya hablado en dos ocasiones por teléfono con su hermano mayor para decir que se encuentra bien.

Sucede que la Constitución y la Ley de Extranjería reconocen a los extranjeros los derechos y las libertades públicas en las mismas condiciones que se garantizan a los españoles. Es decir, que tienen libertad de circular libremente, derecho a elegir su lugar de residencia y a entrar y salir del país.

La ley, no obstante, establece que pueden adoptarse "medidas limitativas específicas" a esos derechos en casos de estado de excepción o de sitio, y, "excepcionalmente, por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del ministro del Interior". Pero estas limitaciones deben hacerse conforme a "las garantías de un procedimiento sancionador".

Y se da la circunstancia de que Abu Hijazi no tiene pendiente ningún proceso penal, expediente sancionador o causa de ningún otro tipo, ya que durante su paso por Guantánamo ni siquiera fue juzgado por haber combatido en Afganistán. Es obvio que no se ha declarado ni el estado de sitio ni el de excepción en España, y que Abu Hijazi, que habrá salido encantado de Guantánamo, seguramente preferirá volver con su familia a Gaza, a pesar de las bondades de la cocina del norte de España. Pero al parecer, no le está permitido.

Dice la ley que se le debe procurar "el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres". Habrá que ver si Abu Hijazi comprende lo que en las democracias occidentales son los derechos humanos en teoría y su diferencia con los derechos humanos en la práctica, que él ha padecido.