OPINIÓNColumna
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Maniobras procesales

La renuncia a sus escaños del senador y tesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas y del diputado Jesús Merino introducen una nueva complicación en el caso Gürtel. La condición parlamentaria había concedido a los dos imputados la doble protección del levantamiento previo de su inmunidad penal por las Cámaras y del fuero procesal en el Supremo. Pero la devolución del acta implica el regreso de ambos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que a mediados de 2009 atrajo hacia su competencia el grueso de las diligencias sumariales -iniciadas meses antes por el juez Garzón en la Audiencia Nacional- a causa de la presencia de tres parlamentarios madrileños amparados por el fuero procesal autonómico; sólo quedaron entonces fuera del TSJM la pieza sobre Bárcenas y Merino enviada al Supremo y la parte del sumario correspondiente al presidente Camps, aforado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El senador Bárcenas y el diputado Merino renuncian a sus escaños como parlamentarios del PP

La presión del Partido Popular para que Bárcenas y Merino abandonasen sus escaños se hizo agobiante cuando el levantamiento del secreto del caso Gürtel hace 20 días reveló a la opinión pública los detalles de la bochornosa trama. Los aludidos se resistieron a dimitir con el argumento de que sus abogados les aconsejaban mantener el estatus parlamentario para beneficiarse del fuero procesal.

Pero Bárcenas y Merino también invocan ahora las exigencias de su defensa letrada como justificación para devolver las actas. Ese errático comportamiento necesita alguna hipótesis capaz de darle sentido aun corriendo el riesgo de que resulte demasiado maliciosa e incluso conspirativa.

¿No será una estrategia procesal para empujar el caso Gürtel hacia su pudrimiento en un callejón sin salida? Si los tres diputados madrileños encausados renunciasen a su escaño y perdiesen su fuero procesal en el TSJM, el sumario regresaría a la Audiencia Nacional para ser instruido por el juzgado que lo inició, y si el sobreseimiento de Camps dictado por el TSJCV fuese revocado por el Supremo, podría ponerse en marcha una cadena de dimisiones de los cargos públicos del Partido Popular valenciano imputados con el mismo resultado.

Esas eventuales renuncias a los privilegios del fuero procesal en el TSJM y el TSJCV dependerían de la previa suspensión sine díe de Garzón como instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional provocada por las temerarias querellas admitidas en el Supremo. ¿Quién sería, entonces, el magistrado que se hiciera cargo de ese gigantesco sumario? En el caso de que esa incierta conjetura llegara a materializarse, ¿no habrían sido las falsas imputaciones de prevaricación dirigidas contra Garzón para expulsarle de la magistratura simples MacGuffin de película de Hitchcock utilizados con el propósito último de desviar la atención de los espectadores o engañarles sobre el sentido de la trama?

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 25 de abril de 2010.

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