El Supremo confirma la condena para Servitje en el 'caso Trabajo'
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que condenó a cuatro años y medio de cárcel al ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje por prevaricación y malversación de fondos públicos y absolvió de los mismos delitos al ex consejero de la época de CiU, Ignasi Farreres. La sentencia ha desestimado el recurso que presentaron los abogados del despacho de Pau Molins para pedir la absolución de Servitje y el que presentó el ex militante de Unió Xavier Rotllan para que se condenara al ex consejero democristiano.
Los hechos datan de 1994 y 1995, cuando Trabajo encargó ocho estudios de derecho laboral que, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, no tuvieron ninguna utilidad "ni ningún interés". Se trataba de "meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas", que no tenían autor ni bibliografía, y en las que en algún caso se citaba una normativa laboral derogada o incorrecta.
La Generalitat pagó 46.158 euros por los trabajos a las empresas Gestumer, SL y Socesca, SL, administradas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña, a quien los jueces impusieron dos años y tres meses de cárcel y cuatro de inhabilitación. El Tribunal Supremo también ha confirmado ahora esa condena. Lorenzo Acuña ya fue condenado en su día por la malversación de fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña por estudios igualmente inútiles.
Militantes de Unió
La primera sentencia relataba que fue el secretario general de Trabajo quien pactó con Acuña las adjudicaciones para que éste "pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio y/o de terceros". El destino del dinero nunca se pudo aclarar, aunque los jueces recordaron que la relación entre Servitje y Lorenzo Acuña se explicaba por "la común militancia" en Unió Democràtica. Servitje fue miembro del comité de gobierno y consejero nacional del partido en 1994. Acuña fue el secretario general, tesorero y apoderado de la fundación Fecea, que en su día se benefició de cuantiosas subvenciones, concedidas cuando Farreres fue consejero, entre 1988 y 1999.
Los jueces dijeron entonces que fue Farreres quien dictó las cinco "resoluciones prevaricadoras", pero que le absolvían porque no existían pruebas ni indicios, de que "tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad".
