El Síndic pide que se acelere la lucha contra la tortura

El síndic de greuges, Rafael Ribó, respondió ayer de forma tajante a su homólogo español, Enrique Múgica, después de que este recurriera ante el Tribunal Constitucional la ley que regula esta institución de la Generalitat. Como la mejor defensa es un buen ataque, Ribó pidió al Gobierno catalán que "acelere" la puesta en marcha de los capítulos que, precisamente, Múgica ve inconstitucionales: los que otorgan al Síndic la competencia para prevenir la tortura en cárceles y comisarías.

Ribó, visiblemente enfadado, aseguró que el recurso ante el TC sitúa a España "al borde del ridículo internacional" e ironizó sobre el rol de Múgica: "Sorprende que el defensor de los derechos en el Estado ataque el derecho a combatir la tortura". El Síndic conoció la iniciativa de Múgica anteayer, cuando fue aceptada por el tribunal. "El defensor no me ha dicho nada. Y eso que nos hemos visto varias veces", comentó.

La intención de Ribó es obviar la vía judicial y "ejecutar ya las competencias" que recoge la Ley del Síndic, que lo reconoce como autoridad en Cataluña para prevenir la tortura y los tratos degradantes. Ribó pidió una "actuación rápida y decidida" al presidente de la Generalitat, José Montilla, y al del Parlament, Ernest Benach. En este sentido, recordó que también es competente para investigar lo que ocurre en las dependencias de la Administración del Estado en Cataluña, e instó al Parlament a convocar cuanto antes el consejo social y asesor.

Ribó evitó pronunciarse sobre la oportunidad del recurso, que llega cuando el TC aún no ha tomado una decisión sobre el Estatuto en su conjunto. Fuentes del Defensor del Pueblo matizaron que la coincidencia en el calendario no obedece a otra razón que la necesidad. "La ley del Síndic se aprobó en diciembre y tenemos tres meses para presentar el recurso. Hemos esperado hasta el último momento". Las mismas fuentes subrayaron que Múgica ha pretendido "ser coherente con el recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto". La institución defiende que el Síndic mantenga competencias sobre la tortura, pero no "que las asuma en solitario y nos excluya".

Un protocolo de las Naciones Unidas instaba a los países a crear "mecanismos" para combatir la tortura, que podían ser estatales o descentralizados. Ribó, que presentó su propuesta en 2006, leyó ayer la respuesta que entonces le dio el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: este admitía que la iniciativa "respeta íntegramente" los principios de la ONU y aseguraba que la coexistencia de distintos mecanismos "puede resultar lo más conveniente".