El fiscal constata irregularidades, pero no delito, en los pisos tutelados de Sabadell

Después de seis meses de investigación, la fiscalía emitió ayer un decreto en el que constata que la adjudicación de los 101 pisos tutelados para jubilados del Complejo de Sant Oleguer "se apartó considerablemente" de lo que establecían las bases, aunque no aprecia indicios de delito y archiva el caso.

El informe emitido por la Guardia Civil constata que 11 adjudicatarios no cumplían el requisito de estar empadronados en Sabadell, 59 tenían una vivienda en propiedad en el momento de la adjudicación, algo que prohibían las bases, y en otros seis casos superaban el patrimonio máximo requerido, que era de 100.000 euros.

La fiscalía también afirma que no consta la publicación oficial de las adjudicaciones ni se constituyó la comisión que debía evaluar las solicitudes. Al no haber constancias escritas del procedimiento y teniendo en cuenta que las adjudicaciones las realizó el área de Servicios Sociales, la fiscalía concluye "que se desconocen los criterios adoptados".

Con todo, la fiscalía concluye que no se puede demostrar que haya existido prevaricación administrativa, de manera que ha archivado las diligencias. No obstante, el informe fiscal señala que las posibles irregularidades denunciadas deben resolverse por otras vías, como la contenciosa administrativa.

La investigación de la fiscalía de Sabadell se inició el pasado mes se septiembre, cuando el alcalde Manuel Bustos (PSC) denunció "que estaba siendo objeto de una presión política a través de una campaña de prensa" en relación al complejo de Sant Oleguer. Bustos aportó recortes de prensa y seis expedientes de adjudicaciones con alguna irregularidad.