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López retrasa el plan de Convivencia en un intento de sumar al PNV

El Gobierno emplaza a los peneuvistas a concretar "qué no comparten"

El Gobierno no dejará que el PNV zanje con una simple petición de retirada, realizada el pasado viernes, su posición sobre el documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, que reformula el Plan de Educación para la Paz y en Derechos Humanos del Ejecutivo tripartito anterior, y está destinado a incluirse como parte de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Ejecutivo quiere que los peneuvistas expliquen en qué discrepan y qué quieren cambiar de la iniciativa, para ver si puede atender sus planteamientos o, en otro caso, que quede claro qué rechazan en concreto. Para ello, ayer alargó por segunda vez -antes lo había extendido del día 16 al 23 de este mes- el plazo dado a partidos y agentes educativos para transmitirle sus propuestas.

"No queremos que los plazos impidan el consenso", afirma la portavoz

El Ejecutivo renuncia así a su intención de aprobar el documento el próximo día 27 y ya no lo hará hasta mediados o finales de mayo, una vez analice lo que resulta susceptible de incorporación o cambio. "No queremos que la sujeción a unos plazos impida el consenso", asguró la portavoz, Idoia Mendia. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien compareció en rueda de prensa junto a Mendia tras le reunión del Consejo de Gobierno, emplazó al PNV a utilizar ese tiempo para aclarar "qué no comparte y qué hay que cambiar" del contenido del borrador del Gobierno, que "sigue abierto al diálogo y al consenso". "Haremos los contactos precisos", añadió. Ares no lo especificó, pero el Gobierno llamará a la puerta tanto de la ejecutiva del PNV como de su grupo parlamentario.

Mendia recordó que la modificación abordada por el actual Ejecutivo responde a una obligación legal, marcada por la Ley de Víctimas, que establece su presencia en la educación para la paz, además de a un compromiso electoral y una demanda social, política y parlamentaria.

Ambos extendieron la invitación al resto de partidos nacionalistas, que también han exigido al Gabinete que recoja velas y retire el borrador, y al conjunto de agentes sociales y educativos con voz en la cuestión. El Consejo Escolar de Euskadi tiene previsto pronunciarse mañana.

El PNV, nada cómodo en la polémica, respondió de inmediato con un comunicado. En él se muestra dispuesto al diálogo y considera "clave" que el Gobierno aclare si el plan del tripartito "sigue vigente en su totalidad" y el nuevo lo complementa, o si éste lo "reemplaza". En ello se juega, creen los peenuvistas, el reconocimiento de que el Gobierno anterior actuó válidamente.

El borrador actual ya reseña una "asunción global del plan" 2008-2011, pero se acoge también al "ajuste y corrección durante su vigencia". El PSE aclaró el lunes que el nuevo documento "no rompe" con el anterior ni "parte de cero", sino que mejora una parte "diluida".

El Ararteko, cuyo informe sobre la comprensión de un 15% de los adolescentes hacia el terrorismo levantó las alarmas que anclan la intervención específica del Ejecutivo, pidió consenso y recordó que la ley obliga a contar con el testimonio de las víctimas. Su autor, Javier Elzo, defendió que la escuela aborde "específicamente" el terrorismo de ETA con un discurso deslegitimador.

Apelación al "conflicto"

Más allá de las críticas oficializadas por el PNV en el documento que envió el viernes a la dirección de Derechos Humanos, algunos miembros de ese partido dejan ver razones de otro tipo en sus intervenciones públicas. Su parlamentaria Eider Mendoza achacó ayer la oposición de su partido al documento a que el Gobierno "busca la identificación" con el Estado de derecho, algo que consideró "política". Se mostró en desacuerdo porque en Euskadi "subsiste un conflicto político, base de las reivindicaciones de este pueblo, que es que no puede ejercer libremente su derecho a decidir".

Mendoza se pronunció así en un debate en ETB. La peneuvista coincidió en esa crítica con Aralar, aunque este grupo la dirigió más bien a la vinculación de la deslegitimación del terrorismo con la legitimación del sistema institucional.

El planteamiento de que "la no aceptación de las instituciones puede llevar al terrorismo es inaceptable", sostuvo su portavoz, Aintzane Ezenarro en

euskadi irratia.

Mendoza recurrió a los GAL, acusando al PSE de no condenarlos, para apelar a la "reconciliación", concepto al que parte del PNV trata de abrir paso, pese a la pervivencia de ETA, que el Gobierno se centra en deslegitimar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de abril de 2010

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