El infierno son los otros
El Tribunal Constitucional (TC) desaprovechó otra vez el pasado viernes -es la quinta ocasión- la oportunidad de resolver el recurso presentado hace casi cuatro años por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Los 10 magistrados que intervinieron en la votación se mostraron divididos en tres alianzas, dispuestas a formar coaliciones negativas capaces de obstruir las ponencias sometidas a su consideración, pero impotentes para forjar mediante renuncias y acomodaciones mutuas los compromisos positivos que les permitieran hablar con una sola voz mayoritaria a través de una sentencia que pusiera fin a la inseguridad jurídica, se pronunciase sobre la conformidad de los contenidos estatutarios respecto a los preceptos constitucionales y desbloqueara la situación política antes de las elecciones autonómicas catalanas.
El Constitucional sigue sin resolver el recurso contra el Estatuto de Cataluña después de cuatro años
Al finales de 2010, ocho de los 12 miembros del alto tribunal habrían cumplido su mandato
Aunque el perfil de esos tres bloques no sea tan pulido y nítido como los amantes de las simplificaciones político-ideológicas desearían, el resultado de la votación adversa a la ponencia -seis contra cuatro- responde a la lógica de sus pasados enfrentamientos sobre la cuestión. El sector partidario de minimizar los daños de una sentencia cercenadora del Estatuto y proclive a escuchar los argumentos del Gobierno y de la Generalitat fue derrotado por un frente de rechazo formado por el grupo de jueces fundamentalistas simpatizantes con el PP y por los magistrados deseosos de lograr la cuadratura del círculo que se sintieron decepcionados ante los insuficientes pasos de la ponencia hacia la conciliación. Uno de los miembros de ese sector moderado -el actual vicepresidente Guillermo Jiménez- ha sido encargado de preparar una nueva ponencia que pudiera ser transformada en sentencia antes del verano.
A las críticas dirigidas al TC por su retraso en la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña se han unido las voces que reclaman una inmediata renovación del alto tribunal. El mandato de nueve años de los cuatro magistrados elegidos por el Senado (entre ellos la presidenta, cuyo voto de calidad deshace los eventuales empates) venció en diciembre de 2007. Un magistrado designado por el Congreso y fallecido hace casi un año todavía no ha sido sustituido. El próximo otoño vencen, por lo demás, los mandatos de los otros tres miembros del TC nombrados por la Cámara Baja en 2001. Dado que el nombramiento de los magistrados de origen parlamentario depende exclusivamente del entendimiento entre el PSOE y el PP, a finales de 2010 ocho de los doce miembros del Constitucional habrían cumplido su mandato si los dos grandes partido de ámbito estatal no hubiesen alcanzado un acuerdo.
De añadidura, las diferencias de sensibilidad, experiencia e ideología que separan inevitablemente a los magistrados y que suelen ser armonizadas mediante el razonamiento jurídico parecen haber sido enconadas y envenenadas durante los últimos seis años por enemistades políticas y fobias personales que han reactuado sobre las discrepancias de contenido propiamente constitucional en una escalada de odios mutuos y aversiones recíprocas. La admirable película de Sidney Lumet protagonizada por Henry Fonda Twelve Angry Men (1957) describe de forma magistral el asfixiante clima de las deliberaciones de un jurado que hace aflorar los prejuicios ideológicos y las pasiones subyacentes a los argumentos supuestamente racionales de sus miembros a medida que las discusiones se van recalentando. Una pieza de Jean-Paul Sartre -Huis clos- estrenada en 1944 popularizó la expresión "El infierno son los otros" como diagnóstico existencialista de la convivencia humana, llevada al paroxismo precisamente en los avernos de puertas cerradas (sean jurados o tribunales). La política de imagen dirigida a mantener la ficción de que el Constitucional -perdido el mutuo respeto entre sus miembros desde la sucia maniobra emprendida bajo el patrocinio del PP y la supervisión de Federico Trillo para recusar al magistrado Pérez Tremps- celebra corteses deliberaciones racionales protegidas por reglas de confidencialidad no es sólo una anticuada forma de predicar que la ropa sucia se debe lavar en casa: también favorece las filtraciones intoxicadoras sin derecho a réplica de quienes se toman a beneficio de inventario esa comedia para utilizarla en su provecho.
