Declarado el concurso de acreedores de la conservera Alfageme

El Juzgado Mercantil de Vigo declaró ayer el concurso de acreedores de la conservera Bernardo Alfageme, que acumula una deuda superior a los 50 millones de euros. La Xunta avaló préstamos a la compañía por más de 40 millones, básicamente a través del Igape, que en la nueva fase tratará de recuperar lo que sea posible si se comprueban desviaciones en los objetivos de dichos avales. Los trabajadores, unos 350 en las cuatro plantas de la compañía, dan por perdida la actividad en la de Vigo, cuyos terrenos quedarían para resarcir a los principales acreedores, Caixanova y Banco Popular.

El Igape está analizando el uso de los préstamos concedidos a la conservera en los últimos años con vistas a una posible exigencia y además, en una reunión celebrada el pasado viernes, se ha comprometido a jugar un papel de puente entre los trabajadores y el principal acreedor, Caixanova, para confluir en el concurso de acreedores con el objetivo común de adjudicar las plantas vendibles con sus plantillas laborales antes que proceder a una liquidación directa de la empresa.

Descartada la continuidad de la producción en la planta de Vigo, fuentes laborales aseguran la existencia de tres grupos empresariales del sector interesados, uno, en adquirir la fábrica de O Grove (hasta hace dos meses no estaba en venta) y, otros dos, la de Vilaxoán, que apareja la de Ribadumia. La adquisición de estas plantas se haría con todo su personal actual, y en algún caso podría engrosarse la plantilla. El caso más complicado remite a la planta Vigo, con 120 empleados, de los que 44 ya aceptaron un despido "voluntario" en un pacto suscrito en octubre pasado y otros 42 aceptaron la revisión de sus contratos por la desconfianza que les inspiraban los planes de la familia Lago, propietaria de la conservera y, a su vez, de la inmobiliaria Promalar.

Los trabajadores ignoraban ayer el contenido del auto judicial. Esperaban conocerlo hoy para, en función del mismo, personarse en el concurso como acreedores preferentes que son. En estos momentos la empresa les adeuda más de 800.000 euros de dos mensualidades y media paga extra. En el procedimiento que ahora se inicia los sindicatos pelearán por las mejores condiciones en las rescisiones de los contratos o la reincorporación a los empleos -que no siempre será factible debido a la duplicidad de funciones de un buen número de puestos- y por que la Xunta, en todo caso, vincule sus posibles ayudas a la recolocación.

Las mismas fuentes laborales confiaban ayer en que la nueva situación contribuya a clarificar el futuro de la empresa después de haber sido utilizada por Juan Lago, según han denunciado insistentemente, con objetivos especulativos, antes que productivos. El promotor inmobiliario también la adquirió en una situación crítica.