La tumba

La izquierda política considera un escándalo que Falange Española, salida, de repente, del baúl de la historia, tenga fuerza suficiente todavía para sentar al juez Garzón en el banquillo. No es tan raro. El cadáver de José Antonio, fundador de ese movimiento fascista, está enterrado con todo honor al pie del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, y durante 30 años de democracia nadie ha osado tocarlo. Al iniciar su instrucción sobre los crímenes del franquismo el juez Garzón pidió el certificado de defunción de Francisco Franco y esta diligencia, que sólo era un requisito formal, causó asombro en la mayoría de españoles. Los más ingenuos pensaron que ese papel era innecesario porque se sabe a ciencia cierta que los huesos del dictador permanecen bajo una losa de mil kilos en la basílica del Valle de los Caídos construido por presos políticos, y en la vertical de sus despojos se levanta una poderosa cruz de granito. En cambio, otros más suspicaces dudan que Franco haya muerto, porque precisamente esa enorme cruz proyecta todavía desde las breñas de Cuelgamuros la sombra del dictador sobre todas las instituciones de la democracia. A estas alturas lo realmente escandaloso debería ser el miedo reverencial que sienten los demócratas españoles hacia ese panteón faraónico, como si esa olla de hormigón guardara una barra de uranio que puede liberar una incontrolada carga radioactiva muy peligrosa. De ese miedo nacen todas las ruedas de molino con las que hay que comulgar. Es evidente que la actitud de este juez ha liberado unas fuerzas reaccionarias muy oscuras que nuestra democracia creía cegadas para siempre. Metidos en estos enredos jurídicos de rábulas se puede discutir si el juez Garzón ha prevaricado a la hora de tocar esa barra de uranio radioactivo. Juristas insignes lo niegan. El acto con que un juez inicia unas diligencias de investigación no puede ser nunca constitutivo de prevaricación porque en ese momento no se actúa aun contra nadie en concreto, en consecuencia no hay resolución injusta, puesto que no hay perjudicados todavía. Pero en el fondo, con este pleito político solo se trata de saber si Franco realmente ha muerto, por eso hizo muy bien el juez Garzón en pedir antes que nada su certificado de defunción.