El Consejo de Víctimas dispondrá en mayo de su primer plan de trabajo

El anunciado Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo echó a andar ayer con su propia constitución. No será hasta finales de abril o comienzos de mayo, sin embargo, cuando el organismo se reunirá por primera vez con el objetivo de fijar su plan de trabajo para el presente año. Se trata de "un paso más en el compromiso" con el respaldo a los damnificados por ETA, según destacó en Vitoria el consejero de Interior, Rodolfo Ares.

Previsto en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo de 2008, el Consejo tiene como objetivo canalizar la participación de los damnificados en todas aquellas cuestiones que les afecten y proponer a las administraciones públicas la puesta en marcha de políticas concretas sobre la materia. Entre otras cuestiones, el órgano propondrá al Gobierno criterios para el reparto de ayudas y facilitará la relación entre las asociaciones de afectados y las instituciones.

El órgano facilitará la relación entre los damnificados y la Administración

El actual director del Instituto Vasco de Criminología y doctor en Derecho, José Luis De la Cuesta, asumirá la presidencia de un Consejo que integrará además a una decena de vocales. En representación de la Administración pública participarán el propio responsable de Interior, Rodolfo Ares; la directora de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa; su asesor adjunto, Txema Urkijo; y una delegación municipal encabezada por los alcaldes de Barakaldo y Santurtzi, el socialista Tontxu Rodríguez y el peneuvista Ricardo Ituarte.

La representación de la sociedad civil, por su parte, estará encabezada por sendos vocales de la Fundación Fernando Buesa, el colectivo Gesto por la Paz y las tres asociaciones de víctimas con sede o delegación en Euskadi: Covite, Zaitu, y la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT).

La constitución del Consejo no fue el único momento del día en el que fueron protagonistas los damnificados del terrorismo. Aralar fue ayer el primer grupo en formalizar su respuesta al plan de Convivencia democrática y deslegitmiacion de la violencia, presentado por el Gobierno como una reformulación del plan de Educación por la paz y en Derechos Humanos del anterior Ejecutivo y que esa formación descalificó como "el decretazo de víctimas", informa Isabel C. Martínez. Sus portavoces, Aintzane Ezenarro y Mikel Basabe, adoptaron un tono en extremo crítico, que hace prever una oposición frontal en el debate parlamentario. Se trata de un plan "de principios anti-ETA y proconstitucional", que deja fuera "al resto de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por razones políticas". El documento es "puramente político", sin ningún basamento pedagógico, dijeron. "Presentar después de un año de gobierno 38 folios de discurso político no nos parece de recibo", criticaron, al tiempo que entendieron que el texto "rompe el nimio espacio de consenso sobre las víctimas" existente previamente. Para el grupo abertzale el Gobierno discrimina entre unas víctimas, las del terrorisno, a las que da la "centralidad" y ésas otras a las que no tiene en cuenta y usa la escuela para llevar a ella "el totem del cambio".