El informe oficial mantiene que la carga policial fue la "mínima"
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana asegura que ordenó "la intervención mínima estricta para controlar el orden público" durante los derribos realizados por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio de El Cabanyal la semana pasada. La intervención concluyó, sin embargo, con una carga policial contra los vecinos que intentaban paralizar los derribos. A raíz de los incidentes, al menos 10 personas han presentado denuncia en los juzgados por los golpes que sufrieron en la carga del Cuerpo Nacional de Policía Nacional. El Gobierno investiga las razones de la actuación policial.
En el informe elaborado por la Delegación del Gobierno, y remitido al Ministerio del Interior, se argumenta que "en ningún momento se impidió la concentración o la expresión disconforme con los derribos". "Sólo se actuó en la medida en la que se trataba de impedir unos derribos no declarados ilegales y con el carácter mínimo imprescindible para permitir dicha actuación", indica.
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